| ||||||||||||||||||||||
Las empresas del Ibex se estancan en transparencia y calidad de la información, según el Observatorio de RSC | |||
| |||
|
Las empresas del Ibex se han estancado en transparencia y calidad de la información, según ha denunciado este jueves el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en su último informe anual, que analiza la calidad de la información de RSC y sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2023. En concreto, el documento 'La información sobre sostenibilidad en las empresas del IBEX 35' constata un estancamiento en la transparencia y calidad de la información, con una puntuación promedio de 44,39 sobre 100, frente a los 45,40 puntos de 2022. Las áreas con información más completa son derechos laborales (61,38 puntos), clientes y consumidores (59,59) y medio ambiente (47,50), mientras que fiscalidad (29,79), derechos humanos (31,51) y lucha contra la corrupción (36,64) presentan los peores resultados. Los aspectos de buen gobierno obtienen una calificación de 42,99. La publicación de este estudio coincide, como han señalado en rueda de prensa, con la incertidumbre generada por la propuesta Ómnibus de la Comisión Europea, que modifica tres pilares del Pacto Verde, la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) y ya transpuesta por la mayoría de los estados, la Directiva de Diligencia Debida de las empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD) y el Reglamento de Taxonomía. Como puntualizan desde el Observatorio de RSC, la propuesta Ómnibus presentada por la Comisión Europea, y actualmente en trámite, introduce "modificaciones sustanciales" que afectan principalmente al ámbito de aplicación, al alcance y al contenido de las obligaciones en normativas clave que habrían servido para mejorar los niveles de transparencia y desempeño en sostenibilidad y RSC. A su juicio, esta propuesta ha generado "incertidumbre" entre empresas, inversores y otros agentes sociales en relación con las obligaciones corporativas de gestión y transparencia sobre sostenibilidad, por lo que afirman que empresas y grupos de interés se encuentran, actualmente, en "tierra de nadie", tratando de cumplir con una normativa de transparencia "que se intenta por parte de las instituciones europeas modificar apresuradamente, sin consulta pública y antes de su plena implementación". Por todo ello, consideran que los resultados "evidencian la necesidad de defender y perseverar en un marco normativo que, a pesar de sus limitaciones, ha mejorado significativamente la información sobre el impacto ambiental y social de las empresas del Ibex 35 en los últimos años". AVANCES "INSUFICIENTES" EN DERECHOS HUMANOS Sobre las áreas con peores resultados, en informe incide en la de Derechos Humanos, la segunda con peor desempeño del análisis y constata que, a pesar de las mejoras graduales observadas en años anteriores, "siguen siendo claramente insuficientes". Así, a pesar de que las empresas del selectivo "cumplen mayoritariamente con indicadores formales", como la adopción de políticas de derechos humanos, códigos de conducta para proveedores y formación interna, afirman que los avances en aspectos como la identificación y gestión de riesgos, son "muy limitados". En este sentido, el estudio alerta de que se trata de un aspecto que la propuesta Ómnibus "debilitará drásticamente, al centrarse en los proveedores directos para la evaluación de riesgo, descuidando los riesgos de la cadena de suministro en los eslabones más alejados, donde se producen los abusos más graves". Además, considera que la identificación de los posibles riesgos de vulnerar los derechos humanos en la actividad empresarial es "esencial" en el proceso de diligencia debida y argumentan que, sin ella, "no es posible prevenir, mitigar o evitar los daños que se puedan producir". El estudio concluye que 20 empresas informan del procedimiento de identificación de riesgos ligados a sus actividades, 18 detallan cuáles son estos riesgos, pero solo 3 publican sus objetivos en relación con los riesgos identificados. En cuanto a los avances normativos, la Directiva sobre Diligencia Debida, en negociaciones durante el año analizado, es mencionada por el 60% de las empresas. No obstante, aunque el 75% de las empresas aseguran tener procesos de diligencia debida en derechos humanos, la calidad de la información proporcionada suele ser "superficial y poco concreta". Por otro lado, el estudio señala que los nuevos indicadores exigidos por la CSRD y las Normas Europeas de Información de Sostenibilidad (NEIS), aunque aún no estaban en vigor durante el año del ejercicio, han comenzado a ser incorporados. No obstante, solo un número limitado de empresas hace referencia explícita a los derechos de los trabajadores de la cadena de valor y comunidades locales o indígenas, donde el diálogo "sigue siendo escasamente reportado de forma detallada". Mientras, en el área de buen gobierno se percibe "una tendencia positiva" en aspectos como el canal de denuncia y la gestión sostenible del Consejo de Administración. En ambos casos, enfatizan que las diversas normativas han incrementado las obligaciones de información en los últimos años, "lo que ha favorecido una mayor transparencia". Así, la puntuación obtenida respecto a la información sobre el canal de denuncias es la que tiene una mejor evolución. De las 35 empresas analizadas, 27 cuentan con procedimientos de gestión de denuncias públicos, y 11 de ellas lo actualizaron en 2023. Todas declaran expresamente la prohibición de represalias y además permiten la presentación de denuncias anónimas. LA INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ES "MUY ESCASA" En el área de lucha contra la corrupción, el informe constata una continuidad en los resultados aunque señala que, a pesar de que las políticas son cada vez "más exhaustivas y actualizadas", la información sobre gestión de riesgos de corrupción o auditorías es "muy escasa", limitándose a menciones generales sobre controles o formación. Las 35 empresas analizadas destacan la implicación de la alta dirección en la identificación y gestión de riesgos no financieros. Por otro lado, el documento destaca que la existencia de referentes claros sobre la información a reportar hace que Derechos Laborales sea el área mejor valorada por segundo año consecutivo. Sin embargo, lamenta que los niveles de cumplimiento son "desiguales" y permanecen limitaciones ya registradas en anteriores análisis. En concreto, los ámbitos de mejora más claros incluyen la desagregación territorial de las condiciones laborales, la equiparación de métodos de cálculo de las brechas salariales, los procesos de consulta y diálogo social, y la gestión de los conflictos laborales. El estudio añade que las empresas del Ibex han avanzado en la integración de criterios ambientales en sus políticas y estrategias, pero aún existen áreas de mejora, especialmente en la transparencia y el seguimiento de los objetivos, al tiempo que puntualiza que la disparidad de metodologías y alcances limita la comparabilidad de la información entre empresas en áreas clave. De este modo, aunque la evolución interanual es positiva, la mejora es leve e insuficiente, lejos de los estándares establecidos por las NEIS ambientales. Por último, señala que la mayoría de las empresas informan adecuadamente sobre sus emisiones de GEI y su huella de carbono (Alcances 1 y 2), pero ofrecen menor información sobre Biodiversidad, Calidad del agua y Emisiones atmosféricas, áreas que presentan un amplio margen de mejora. |
| ||||||||||||||
© 2025 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto