MADRID/LEÓN, 27 (SERVIMEDIA)
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, afirmó este sábado que el Gobierno reforma la Ley de Seguridad Ciudadana porque se prepara para “ir a la oposición” y “nos quieren incendiar la calle”.
Así lo declaró en su intervención en el encuentro de presidentes provinciales e insulares que celebra el PP en León, durante la que aseguró que la seguridad y la justicia “son las que garantizan la libertad”, y por ello adelantó ese discurso para poder llegar a la convocatoria en Madrid de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros organismos policiales, contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Para el presidente de los populares es algo insólito que, por primera vez en democracia, “aquellos que se juegan la vida para protegernos, se tienen que manifestar porque les dejan vendidos”, y consideró que “no hay derecho a lo que les están haciendo” a los que “dedican sus vidas a cuidar de la seguridad y la protección de todos los españoles”.
Según Casado, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana “mal llamada ‘ley mordaza’”, limitará la identificaciones a la Policía y la Guardia Civil, afectará a su privacidad y la de sus familias, “algo muy grave en Cataluña, País Vasco, en Navarra o en Cádiz, en la lucha contra el narcotráfico”, hará que “no puedan actuar contra los que están consumiendo drogas en la vía pública”, o que cuando han detenido una persona, por ejemplo, por tirarles piedras en una manifestación, tengan que devolverles al lugar del arresto “como si fueran un coche de servicio público de transporte”.
Igualmente, dijo, impondrá que “las multas dependan de la capacidad adquisitiva de los que tiran piedras”, lo contrario de “lo que nosotros hicimos con la ‘kale borroka’”. Además, llegan a que las manifestaciones no se tengan que notificar, lo que dejará indefensos a los comercios ante “un piquete o una algarada callejera”. En definitiva, aseguró, “lo que están preparando es que se van a ir a la oposición y que nos quieren incendiar la calle”, por lo que el Gobierno busca “la impunidad y la protección que esta ley les deja”.
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