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MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
El Gobierno descartó este martes hacer cambios en la Ley de amnistía para sortear el rechazo del Tribunal Supremo a incluir la malversación y confían en que el Tribunal Constitucional obligue a este órgano a revisar su decisión para su aplicación, tal y como figura el texto aprobado por la Cámara Baja.
Así lo aseguraron este martes fuentes gubernamentales, que destacan la complicación de volver a retocar en las Cortes la norma tras la decisión del Tribunal Supremo de no considerar amnistiable la malversación.
Se trata de una de las dos opciones que se podrían impulsar desde el Ejecutivo para allanar la relación con Junts y ERC, tras la resistencia de los jueces a la aplicación del texto aprobado por “clara mayoría” en el Congreso de los Diputados, según explicaron.
El Ejecutivo se acoge a la segunda opción, que es confiar en el Tribunal Constitucional, para que éste obligue al Supremo a revisar su decisión y así poder aplicar la norma incluyendo la malversación, un delito que se imputa al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig.
El alto tribunal entiende que este delito no puede ser amnistiado, ya que los miembros de Junts y ERC acusados obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial y existiendo “ánimo de lucro”.
La decisión del Supremo no ha gustado en el Gobierno, a pesar de las palabras de “profundo respeto” hacia el alto tribunal que miembros del Ejecutivo profesan en público para evitar confrontación.
MENSAJE A LOS JUECES
Sin embargo, la portavoz y ministra de Educación, Pilar Alegría, deslizó este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de ministros que “lo que está claro y meridiano es el texto de la Ley de amnistía. Y la voluntad del legislador es tan clara como las letras de la propia ley".
La ministra continuó diciendo que "lo que tiene que suceder es que los jueces apliquen la ley". Un mensaje que evitan interpretar desde el Gobierno, pero fuentes socialistas no dudan en calificar de “innecesario y sorprendente” el rechazo del Supremo.
Así, la única esperanza del Gobierno para que el Supremo enmiende su decisión debe llegar del Constitucional. Una decisión que podría demorarse, según los plazos de la Justicia, y ante la que desde el Ejecutivo encogen los hombros y aseguran que les tocará esperar con la relación de Junts y ERC pendiendo de un hilo mientras algunos de sus dirigentes no puedan regresar a España porque no hay amnistía.
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