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MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
El Gobierno explicó este martes que contaba con la “resistencia” de jueces y magistrados a aplicar la Ley de amnistía por los “numerosos pronunciamientos” de las asociaciones, aunque reconoció verse "sorprendido" de que se haya frenado la norma por una interpretación de la misma.
Así lo indicaron fuentes gubernamentales al valorar el rechazo del Tribunal Supremo a aplicar la ley en el delito de malversación. Este planteamiento del Supremo supone un escollo para los independentistas acusados por este delito, como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig.
En el Ejecutivo contaban con la posible presentación de cuestiones prejudiciales ante la Unión Europea o la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad por parte de jueces y magistrados.
La sorpresa llegó este lunes para estas fuentes del Ejecutivo, cuando el principal motivo de rechazo del Supremo fue la interpretación de la propia norma aprobada por “una mayoría clara”, esgrimen desde Moncloa.
En Ferraz van más allá y califican la decisión del alto tribunal como “tremenda” y “sorprendente”. Fuentes del PSOE defienden que va en contra de la voluntad expresada por el legislador y confían en que el Tribunal Constitucional haga una lectura “más ajustada” que obligue al Supremo a reconsiderar su decisión.
Los socialistas ponen siempre la palabra “respeto” por delante ante jueces y tribunales, pero consideran que el precepto respecto a la malversación “es clarísimo” y no da lugar a la interpretación, como hizo el Supremo.
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, defendió este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que “lo que está claro y meridiano es el texto de la Ley de amnistía. Y la voluntad del legislador es tan clara como las letras de la propia ley".
La ministra continuó diciendo que "lo que tiene que suceder es que los jueces apliquen la ley". Un mensaje que evitan interpretar desde el Gobierno, aunque fuentes socialistas no dudan en calificar de “innecesario y sorprendente” el rechazo del Supremo.
Un hecho que podría dañar las relaciones del Ejecutivo con Junts y ERC, ambas formaciones a la espera de que se aplique la ley, tal y como se aprobó en la Cámara Baja, para que varios de sus miembros regresen a España sin ser detenidos.
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