¿Gobierno progresista en Navarra presidido por María Chivite?

El término utopía aparece como “la búsqueda incansable de la Humanidad desde el comienzo de los tiempos de un lugar o sociedad ideal” y a pesar de su carácter no real, permite reconocer los ideales de una sociedad o comunidad en un momento concreto de su singladura histórica así como los obstáculos que impiden cristalizar su sueño idílico. La utopía así concebida, sería el camino para alcanzar un sueño que llevaría implícito en su potencia la facultad de devenir en acto concreto (en el camino está la meta), siendo preciso transitar por la senda marcada por el pragmatismo político: “Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible”

¿Nuevo Gobierno progresista en Navara?

La utopia factible en Navarra fue la conformación de un Gobierno progresista presidido por Uxue Barkos, no siendo descartable que tras las elecciones Forales del 2019 asistamos de nuevo a la formación de un gobierno de coalición IU-EB-Podemos-PSN-Geroa Bai liderado por Maria Chivite y tutelado por Bildu como alternativa al endemismo navarrista. Dicho Gobierno daría prioridad en lo social a la revitalización del llamado Estado social y democrático de Derecho y en lo político a culminación de las trasferencias previstas en Amejoramiento y a la regeneración democrática y de valores. En consecuencia, el nuevo Gobierno de Progreso deberá instaurar la Tolerancia Cero con los casos de corrupción, a implementar políticas de Transparencia que afectarán a todos los Departamentos dependientes del Ejecutivo así como a todas las empresas y entidades beneficiarias de subvenciones, a una reducción de los sueldos de altos cargos y consejeros del nuevo Gabinete, una drástica reducción de cargos de libre designación y la recuperación de valores perdidos en el consumismo compulsivo de la última década como la solidaridad y el trabajo comunitario (auzolan).

¿Vientos laterales en la economía navarra?

En el plano socio-económico y a pesar de aparecer Navarra en los primeros puestos del Estado español en lo relativo a los parámetros indicadores del índice de calidad de vida de una comunidad ( Renta per cápita, tasas de paro, infraestructuras, calidad del sistema sanitario y educativo público,niveles de protección social, dotaciones recreativas), el viejo Reyno navarro estaría lastrado por el aumento de la Deuda hasta escalar un monto cercano a los 3.800 millones € para finales del 2019. Conviene recordar que Navarra sería una comunidad netamente exportadora de bienes (40% de su producción total) pero que adolece de una excesiva dependencia del sector del automóvil (las exportaciones de WN representa casi el 50% del total),una preocupante atomización de las empresas agro-alimentarias así como de una necesaria diversificación y búsqueda de mercados alternativos a la Eurozona (el 30% de sus exportaciones van destinadas a Francia , Alemania, Gran Bretaña e Italia) y asimismo, Navarra corre un serio riesgo de quedar una vez más desplazada de las principales vías de transporte europeas tras la entrada en el limbo de la Conexión del TAP con la Y vasca.

Políticas de cohesión social y lucha contra la desigualdad

Aunque la tasa de paro en Navarra seguiría siendo la más baja del Estado español (8,2 %), la cruda realidad nos recuerda que el número de hogares con todos sus miembros en paro se va elevando hasta niveles preocupantes y cada vez son más los parados de larga duración que pierden todo tipo de subsidio al tiempo que aumenta la precariedad laboral. Así, según un informe de CCOO sobre la primera EPA del 2019, alrededor de 18.200 hogares tendrían a todos sus miembros activos en paro. En consecuencia, las políticas sociales del nuevo Gobierno irán dirigidas a mejorar la cohesión social y a reducir la creciente desigualdad, reforzando los sistemas de protección social. Para lograrlo. Deberán incrementarse las partidas presupuestarias destinadas a sufragar la actualmente existente Renta Básica o Renta de Inclusión Social con el objetivo de cubrir las necesidades esenciales de las unidades familiares en situación de exclusión así como fomentar la incorporación social de dichas unidades familiares. Todo ello deberá complementarse con una nueva Reforma Fiscal, la promulgación de la Ley anti-desahucios, el finiquito de la política de externalización de servicios públicos, la eliminación de la llamada “pobreza energética” y la instauración de un plan de empleo urgente para lograr la inserción laboral de jóvenes sin empleo y de parados de larga duración.

Normalización del uso del euskera

La cruda realidad nos demuestra a pesar del impacto mediático del Nafarroa Oinez, el euskera en Navarra se encamina lenta pero inexorablemente hacia un progresivo estancamiento en Navarra (con un exigüo incremento del 1,5% de vascoparlantes en los últimos 15 años), dibujándose un escenario a 30 años en el que quedará reducido a los tradicionales islotes geográficos del Noroeste de Navarra, así como pequeños rodales ideológico-sentimentales esparcidos por diferentes pueblos y ciudades del territorio foral. En consecuencia, el nuevo Gobierno deberá evitar el riesgo de estancamiento y posterior fosilización del euskera o vascuence en Navarra, incrementando los fondos económicos y las campañas de promoción del uso del euskera en todos los ámbitos de la sociedad, adoptando medidas para la conservación y expansión de los dialectos del vascuence y promoviendo una discriminación positiva pero racional en el Concurso de Méritos en las oposiciones, logrando en definitiva que el euskera sea un bien cultural y nexo de unión de todos los navarros.

¿Peligra el autogobierno fiscal navarro?

El recurso sistemático por UPN de las leyes aprobadas por el Parlamento foral ante el Tribunal Constitucional, basándose en el artículo 161.2 de la vigente Constitución que señala que “el Ejecutivo central podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las CCAA” ha supuesto “de facto” el vaciar de contenido las competencias legislativas de la Cámara foral y convertir a Navarra en una Comunidad tutelada por el Gobierno central.

Asimismo, estaríamos en la antesala de un severo recorte de la capacidad de la Cámara Foral para legislar impuestos (autogobierno fiscal navarro), que se enmarcaría en el contexto de sistemático ataque de los partidos centralistas al régimen foral navarro, al que acusan de “insolidaridad fiscal con el resto del Estado” y que se traducirá en la instauración de una nueva Doctrina autonómica consistente en la implementación de un Estado seudofederal basado en el democrático e igualitario café para todos,medidas constrictivas que podrían convertir a la Comunidad Foral en un autogobierno devaluado, enconsertado y sometido a los dictados del Gobierno Central o Tribunal Constitucional de turno.