Últimamente, como si de guion se tratara, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto a otros agentes gubernamentales no paran de afirmar que España está saliendo de la crisis económica. Algo que sólo ven ellos, naturalmente en su imaginación e incluso en su intención, ante las próximas citas electorales, pero que no llega a percibirse por el común de la ciudadanía.
Algunos expertos economistas hablan de un cambio de tendencia en la economía española, que apunta al final de la recesión. Hasta ahí, podría afirmarse, pero aún es prematuro “echar las campanas al vuelo” afirmando la salida de la crisis, que apenas se puede aventurar, pese al extraordinario crecimiento de las exportaciones sobre el 6%, ya que dicho dato hay que ponerlo también en relación con otros parámetros actuales de la economía, como es que seguimos en franja negativa del PIB, que tenemos un 27% de paro, y una deuda pública próxima al 100% del PIB, todo lo cual no es muy alentador. Por consiguiente, “una golondrina, no hace verano”.
Con todo, parece aceptado –e incluso razonable- que la caída de la economía haya tocado suelo ya, pero aún no ha empezado a recuperarse. Y en ese panorama solo cabe la prospección de los expertos, que dadas las variables internas y externas, no sólo no se ponen de acuerdo, sino que dejan una amplia horquilla en el escenario futuro de comportamiento de la economía española. Lo que le lleva a un escenario aún incierto y todavía preocupante, especialmente para las víctimas de la crisis (parados, pymes, familias, trabajadores y jubilados), que no para las grandes fortunas que no sólo no han caído sino que han crecido en este periodo. Algo, que por otra parte suele ser normal desgraciadamente, dada la existencia de ocasiones de saldo que se producen en todo estado ruinoso, que es terreno abonado para los aprovechados, que teniendo dinero lo emplean en provechosas adquisiciones, que en condiciones normales no se hubieran dado.
En las mejores previsiones se contempla un escenario desalentador para los parados, cuya suerte no parece que vaya a cambiar por completo en toda la década, ya que los mejores augurios los sitúan a partir del 2017, pero con un excedente de mano de obra que no se cree que encuentre empleo en España en torno al millón o dos de personas, que tendrían que plantearse la emigración como solución a su situación de desempleo. Y ello, pese a la esperada llegada de capitales extranjeros que comprarán en España a precio de saldo, e invertirán en un país de la UE para producir en España a bajos costes (debido a la caída descomunal de los salarios, y a la alta tasa de paro, que harán posible contratar a trabajadores por bajos salarios, y despedirlos fácilmente si no se logran los objetivos trazados, con la facilidad de las reformas legislativas últimas). Por consiguiente, una mejoría esperada para los empresarios, y una recuperación lenta y exigua para el mundo del trabajo, que verá la precariedad laboral instalada de forma nunca antes imaginada en España, lo que unido al desmantelamiento de servicios públicos, deteriorará la convivencia social y hará caer el llamado “Estado Social” pactado en la transición –reflejado en la Constitución-.
Así las cosas, parece que ya no se lograrán las cotas de bienestar social antes logradas, de donde habría que concluir que las condiciones laborales asiáticas se trasladarán a la Europa mediterránea (España, Italia y Grecia), con bajos salarios, precariedad laboral, exiguo sistema de previsión social, etc. De forma que esa situación parece inmoral hablar de “brotes verdes”, “luz al final del túnel”, o siquiera “salida de la crisis”, pues las consecuencias que la crisis reportaría haría que se pudiera hablar en rigor de “cronicidad de la crisis social”, de trasladar los efectos de una crisis económica a una crisis social que supondrá un grave retroceso en nuestras sociedades, con merma de la clase media trabajadora, e incremento de ricos y pobres, agrandando las diferencias sociales de forma gravemente indeseable para la justicia y convivencia social.
Tal es la previsión de numerosos expertos, para el mejor de los escenarios posibles. La pregunta, que emerge sería si ¿la Europa mediterránea asumiría ese “salto atrás” en sus derechos sociales?. ¡El tiempo lo dirá…!
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