| ||||||||||||||||||||||
El Estado y la salud pública: un cóctel mortal en EE.UU. | |||
| Un buen número de problemas extendidos por la reforma sanitaria Obamacare son ya evidentes | |||
| |||
|
Los cínicos han afirmado que el Estado no hace nada bien. Dejemos a un lado esa genérica afirmación y valoremos una cuestión más limitada: ¿Puede pensar algún observador objetivo que la gestión pública de la salud funciona? Con el Presidente Obama desde luego, el funcionamiento de las burocracias de la salud pública reviste defectos que saltan a la vista. Como informó la teniente de la gobernación de Nueva York Betsy McCaughey, a partir de octubre del año 2012, el Equipo Obama adoptó la política de calificar a los centros hospitalarios según el criterio de menor gasto total y menor gasto por cama del programa Medicare de la tercera edad — esencialmente, se penaliza a los hospitales que atienden a los ancianos de prótesis de cadera, cataratas y bypass coronario entre otras cirugías, y se recompensa a los hospitales que recortan estos tratamientos. Esta política fue adoptada aun cuando un estudio de 2011 demostró que los pacientes ingresados por infarto pertenecientes a la misma horquilla de edades tenían un 19 por ciento más de probabilidades de fallecer en hospitales con menor gasto. A medida que se acerca el Día de los Caídos, surgen preocupantes informaciones de burócratas de la Agencia del Veterano que falsifican expedientes de forma que parezca que los veteranos reciben tratamiento dentro del plazo legalmente establecido cuando, en la práctica, no viene siendo así. Los burócratas federales se han puesto a falsificar registros con el fin de cobrar extraordinarias, mientras docenas de veteranos fallecen a consecuencia de las negligencias. Piense en esto: Si los ancianos y los héroes de América son descartados para fallecer a su suerte por burocracias federales de la salud pública bien saneadas, ¿qué cree usted que nos reservarán al resto de nosotros los sensibles ministriles de la reforma sanitaria Obamacare? ¿En serio quiere usted que unos burócratas que no son elegidos democráticamente ni tienen que rendir cuentas a nadie tomen decisiones de vida o muerte por usted? Un buen número de problemas extendidos por la reforma sanitaria Obamacare son ya evidentes — nocivas consecuencias económicas (por ejemplo: jornadas laborales reducidas; oposición a realizar nuevas contrataciones; disparatadas primas del seguro de salud); impactos negativos sobre la salud (desaparecen coberturas; médicos que abandonan el ejercicio; menos opciones disponibles); problemas administrativos (gestores públicos que tienen agendas políticas; defectos a la hora de identificar fraudes e irregularidades; ausencia de protección de la información confidencial de los pacientes); etc. Tan nociva como está demostrando ser para nuestra salud la reforma sanitaria Obamacare — a niveles físico y económico en la misma medida — reviste un peligro todavía mayor. He aquí una pregunta libre: ¿Y si el verdadero objetivo de la reforma sanitaria Obamacare no guarda ninguna relación con la salud pública, ni con mejorarla como hay quien afirma, ni con sabotearla, como concluyen que está sucediendo algunos de sus críticos? Mi tesis es que la reforma sanitaria Obamacare es la principal herramienta del Presidente para alcanzar su objetivo final de "transformar América de forma fundamental". Piense en las diferentes formas en las que esta ley amenaza con minar el gobierno constitucional y elevar el control de la administración federal sobre la ciudadanía norteamericana. Aunque la tendencia del Presidente Obama a saltarse por completo las competencias legislativas del Congreso viene siendo evidente a través de sus decisiones arbitrarias en lo referente a las leyes que hay que respetar en materia de inmigración, matrimonio, educación, etc., el ritmo al que viene decretando cambios en las ordenanzas y calendarios de su propia Ley de Atención Asequible y Protección del Paciente de forma unilateral es verdaderamente sorprendente. La separación constitucional de los poderes públicos entre las ramas ejecutiva y legislativa del Estado está siendo diezmada. Recordará usted que hace un par de años salió a la luz que el secretario de la mayoría en el Senado Harry Reid trataba de impedir por ley que cualquier futuro Congreso alterara su capítulo favorito de la ley de reforma sanitaria Obamacare, pero sólo hace poco, gracias al artículo del periodista Charles R. Kesler “El conservadurismo del movimiento de protesta fiscal Tea Party y la Constitución" publicado en el número del 14 de enero de 2014 de la revista Imprimis, descubrimos que Obama y sus aliados progres del Congreso conspiran para hacer posible que la novedad de la reforma sanitaria, la Junta Independiente de Gestión (IPAB), que no se elige en las urnas, redacte políticas que pasan a ser ley de forma automática. Además, "no podrá presentarse ninguna resolución de rescisión antes del 1 de enero de 2017 o después del 1 de febrero de 2017", lo que junto a las precondiciones adicionales, está diseñado para hacer inadmisible que las futuras generaciones determinen su propio destino. En plata: la reforma sanitaria Obamacare constituye un ataque frontal a la administración pública republicana. La reforma sanitaria Obamacare ya ha precipitado la decadencia de nuestra constitución a través del barroco fallo del presidente del Supremo Roberts refrendándola. Se sienta el precedente de que los estadounidenses están sujetos a la participación obligatoria en cualquier empresa administrada o dirigida por el Estado que los planificadores centrales elijan imponer a la población. A menos que las implicaciones jurídicas subyacentes sean anuladas y un futuro Tribunal Supremo desmonte los daños de su sentencia de la reforma sanitaria, para la libertad y la libre empresa en América todo va cuesta abajo a partir de aquí. Lo más peligroso de todo para la libertad y los derechos de los estadounidenses quizá sean las competencias sobre la vida y la muerte mencionadas arriba. Si la entidad pública no electa de gestión IPAB llega realmente a prosperar, nosotros el pueblo quedamos a su merced. Igual que el Equipo Obama ha utilizado a la agencia tributaria, a la Agencia de Protección Medioambiental, a la Junto a Laboral o a la Agencia de Gestión del Suelo entre otras instancias contra sus rivales políticos, la Junta Independiente de Gestión de la salud plantea la posibilidad de mostrar favoritismos a sus aliados políticos cuando el Estado eleve de forma inevitable el racionamiento de la salud pública. ¿Le parece absurdo? En absoluto, cuando se considera la política Obama hacia Honduras de hace unos años. Eso pasó cuando el Presidente Zelaya, aspirante a Castro/ Chávez, desafió la Constitución hondureña al pretender prolongar su mandato. Zelaya amenazó con retener la atención sanitaria pública a los hondureños que le fueran contrarios. ¿Quién podría apoyar a un monstruo inclemente así? Tanto Obama como la Secretario de Estado Clinton le apoyaron, avalando audible y enérgicamente la legitimidad de la postura de Zelaya. Aquí en los Estados Unidos, la administración pública federal ya ha convertido la atención sanitaria en un caos. ¿Qué debemos hacer? No solamente necesitamos derogar la reforma sanitaria Obamacare, también hemos de encontrar formas de liberar a nuestros ancianos, veteranos y a todos nosotros de las poderosas burocracias públicas que minan nuestra salud, nuestro gobierno constitucional y nuestras libertades. |
| ||||||||||||||
© 2024 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto