El Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante ha acordado el sobreseimiento provisional del exalcalde de la ciudad Luis Díaz Alperi en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación del Plan Rabasa, en el marco del 'caso Brugal' y, por otro parte, ha decidido posponer la declaración de la actual primera edil, Sonia Castedo, y otras personas imputadas como el empresario Enrique Ortíz hasta que se resuelvan los recursos presentados.
En un acto de fecha 6 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado considera que ni EUPV ni el PSPV, al solicitar la imputación de Díaz Alperi, "indican los hechos por los que debe declarar, ni hacen mención alguna a dato que consideren relevante del informe policial que deba llevar a Luis Díaz Alperi a ser citado a declarar como imputado por un hecho delictivo".
Asimismo, señala que el Ministerio Fiscal, que también reclamaba la declaración como imputado del exalcalde, "tampoco concreta qué irregularidades se han producido en la tramitación del plan hasta septiembre de 2008", ni "cuáles de éstas eran conocidas por el señor Díaz Alperi".
En este sentido, señala que el informe policial "no concreta indicio alguno de ilícito penal" que sea atribuible a Díaz Alperi. "A pesar de que la Policía realiza interpretaciones de intenciones de las conversaciones que se van produciendo, no se concreta en hecho ilícito alguno", subraya.
El juzgado considera que "no todo el que comunique por teléfono con Enrique Ortíz debe declarar como imputado, salvo que se acredite indiciariamente que ha infringido la ley".
Por otra parte, se refiere a la petición de EUPV y el PSPV para que declarare como imputada la ex secretaria autonómica de la Generalitat y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña. Al respecto, indica que del contenido de las conversaciones aportadas "no se desprende, en absoluto, hecho delictivo alguno" atribuible a Ureña, "ni siquiera indiciariamente".
Por otra parte, en una providencia, el Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante pospone las declaraciones de Sonia Castedo y otras personas, como Enrique Ortíz, Enrique Sanús o Isabel Campos, hasta que se resuelvan los recursos presentados.
Asimismo, considera por instado el incidente de nulidad solicitado, respecto a los testimonios que ha remitido el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, así como las demás derivadas o basadas directa e indirectamente en los testimonios. El juez da un plazo de diez días para presentar alegaciones.
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