El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha convocado para el próximo miércoles una Junta de Fiscales de Sala - la cúpula de la carrera- tras recibir una comunicación en la que la Fiscalía Superior de Cataluña le indica que por el momento no procede iniciar acciones penales contra el presidente catalán, Artur Mas, y otros responsables del denominado proceso de participación ciudadana.
La reunión de la cúpula fiscal, que integran una veintena de fiscales jefes en distintos órganos o especialidades, se realiza en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dadas las discrepancias entre los fiscales catalanes y el propio fiscal general, que sí considera que debe formularse la citada querella.
De hecho, en una nota dada a conocer pasadas las ocho y media de esta tarde la Fiscalía General revela que Torres-Dulce ordenó este lunes la interposición de la querella si bien el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, "no lo considera procedente y así se lo ha comunicado a última hora de la tarde de hoy".
Fuentes fiscales consultadas por Europa Press han señalado que durante la junta de fiscales celebrada este lunes en Cataluña los integrantes de este órgano, cuya decisión no era vinculante para Romero de Tejada, expresaron "muy mayoritariamente" su oposición a la presentación de acciones penales contra Mas y varios de sus consejeros por las acciones que desde la Generalitat pudieran haber llevado a cabo para la celebración de la consulta alternativa, al considerar complicado atribuirles un delito de desobediencia respecto de la suspensión del Tribunal Constitucional (TC).
DECISIÓN NO VINCULANTE
Las mismas fuentes destacan que la decisión que adopte la Junta de Fiscales de Sala es, en todo caso, no vinculante, y la decisión última dependerá de Torres-Dulce, que trata con esta reunión de obtener el respaldo de la cúpula del Ministerio Público en una actuación que ha merecido el rechazo de los fiscales del territorio afectado.
La Junta la integran, además de Torres-Dulce, el teniente fiscal del Tribunal Supremo -el recientemente designado Luis Navajas- y los fiscales de Sala.
Según el artículo 15 del Estatuto Fiscal, esta Junta "asiste al Fiscal General del Estado en materia doctrinal y técnica, en orden a la formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal".
La reunión se justifica en cumplimiento del artículo 27 del citado Estatuto, que contempla que el fiscal que reciba una orden que estime improcedente, como es el caso, lo debe hacer saber a su fiscal jefe "mediante informe razonado". En última instancia el asunto lo debe resolver el fiscal general "oyendo a la Junta de Fiscales de Sala".
La Fiscalía Superior de Cataluña inició el pasado 8 de noviembre, víspera de la consulta alternativa, unas diligencias de investigación ante la realización de actos, como cesión de locales públicos, elaboración de papeletas o distribución de urnas por parte del Gobierno de la Generalidad de Cataluña contrarios a la suspensión cautelar dictada por el TC.
Tras anunciarse repetidamente por varios medios la interposición de una querella contra Mas, el pasado miércoles Torres-Dulce dejó al criterio de los fiscales de Cataluña la decisión de interponer o no esta acción penal.
La decisión se adoptó tras una reunión mantenida la sede de la Fiscalía General con el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, y su número dos, Francisco Bañeres.
Al término de la reunión, la Fiscalía emitió un comunicado en el que señalaba que "la Fiscalía Superior de Cataluña dará cuenta al fiscal general del Estado de la decisión que adopte en el marco de los principios de legalidad e imparcialidad que rigen la actuación del Ministerio Público".
En el mismo comunicado se precisaba que la reunión había consistido en la "valoración jurídico-penal de los hechos acaecidos en torno al llamado proceso de participación".
YA ESTÁ JUDICIALIZADO
Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que sería el competente para tramitar acciones contra el presidente Mas y los miembros de su gobierno, ha recibido ya las primeras doce denuncias presentadas en diferentes juzgados catalanes contra el Ejecutivo catalán por el presunto delito de desobediencia al haber impulsado la consulta alternativa sobre la independencia.
Proceden de los juzgados de Martorell, Terrassa y Gavà (Barcelona), donde los jueces se han inhibido en favor de esta instancia superior porque Mas es aforado.
Siguiendo los trámites habituales, el TSJC ha designado un ponente por cada una de las denuncias siguiendo el turno de reparto establecido por la sala y remitirán a la Fiscalía para que informe sobre si son favorables o no a su admisión a trámite.
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