La querella de Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, la
vicepresidenta y la consellera de Enseñanza les acusa de haberse
"negado abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución
emanada del máximo intérprete de la Constitución", al organizar el
proceso participativo pese a la suspensión del Tribunal Constitucional
(TC).
Por eso el escrito --firmado por el fiscal superior de Cataluña, José María
Romero de Tejada y presentado este viernes a mediodía en el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)-- apunta a Artur Mas, Joana
Ortega e Irene Rigau por desobedecer a la autoridad judicial, al considerar "manifiesta" su
negativa a cumplir la resolución de suspensión.
Además de desobediencia, la Fiscalía pide imputarles por los presuntos delitos de
prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales (contra la división de poderes) y
malversación de caudales públicos.
Sobre la presunta desobediencia, insiste en que sabían que la consulta prevista
inicialmente --primero-- y el proceso participativo --después-- habían sido suspendidos, y
alude a estas declaraciones de Mas: "Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable
de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi gobierno".
Aclara que no es necesario que la negativa del Govern a cumplir la decisión del TC fuese
expresa, sino que "esa voluntad puede deducirse, tanto en comportamientos activos como
omisos, expresos o tácitos".
"AUSPICIADA Y FINANCIADA" POR EL GOVERN
También recuerda que fue "una consulta planificada, auspiciada y financiada" por el
Govern, que el contenido de la suspensión no dejaba margen a la duda y que, pese a eso,
los tres querellados participaron en su fomento de manera personal y directa, dice
literalmente.
En lo relativo a la posible obstrucción a la justicia o usurpación de atribuciones judiciales,
la Fiscalía argumenta que los querellados con sus decisiones y participaron en diferentes
actos "han obstruido la vigencia de los mandatos del TC en una parte sustancial del
territorio nacional".
Sobre la presunta prevaricación administrativa continuada recuerda que la Generalitat dio
"soporte material y personal al proceso de participación" y, en concreto, contrató servicios
a la empresa de buzoneo Unipost para hacer llegar una carta a los catalanes animándolos
a participar.
También adoptaron decisiones para proceder a la apertura de locales tanto en colegios
públicos como sedes de la Generalitat en el extranjero y mantuvieron abierta la página
web sobre información para votar, recuerda la Fiscalía.
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