El PP en las Corts ha rechazado las enmiendas a la totalidad con
solicitud de devolución al Consell al proyecto de ley de transparencia,
buen gobierno y participación ciudadana, presentadas por PSPV y
Compromís, que han cuestionado su credibilidad tras decenas de
sentencias en contra por no dar información a los diputados, porque se
presenta tras 20 años de gobierno 'popular' y a las puertas de las
elecciones. Es un "intento exculpatorio" del Gobierno del PP, han
agregado.
"No nos pidan que creamos en ustedes" les ha dicho a los 'populares' el diputado del
PSPV, Víctor Sahuquillo, quien ha apuntado que al PP valenciano "ya no le cree ni Floriano,
que despide a su gerente y les dice que vayan preparando el dinero para devolverlo". En
esta línea, el diputado de Compromís Fran Ferri ha apuntado que el Gobierno valenciano
"puede acabar la legislatura con 50 sentencias por opacidad".
El socialista Víctor Sahuquillo, además, ha señalado que esta ley "tiene toda la pinta" de
que el PP pretende "dejarse arreglado poder acceder a la información que han negado a la
oposición durante 20 años". Pero, "no sufran por eso porque el próximo presidente de la
Generalitat, Ximo Puig, ya se ha comprometido a que nunca volvamos a vivir una época
tan oscura como la de los últimos años", ha manifestado.
Asimismo, Fran Ferri ha reprochado al Consell que por un lado esté promoviendo una ley
de transparencia y por otro esté utilizando dinero público para interponer recursos a
sentencias favorables a la transparencia. "Están generando, a su pesar, jurisprudencia
sobre transparencia parlamentaria", ha apostillado.
Desde EUPV --que se han abstenido-- ha recordado que hace más de dos años que
presentaron una proposición de ley que el PP rechazó y por eso, aunque consideren que
tenga tintes "electoralistas", consideran que "es necesaria". Por ello, han apostado por que
se mejore el texto en comisión y que no sea sólo "algo que decore el programa electoral" del
PP, según ha advertido la diputada Esther López.
En respuesta a las críticas de la oposición, el 'popular' Rubén Ibáñez ha defendido la
transparencia del Gobierno que preside Alberto Fabra y ha argumentado que "cada 22
minutos, de lunes a viernes, desde junio de 2011, el Consell responde a una iniciativa de
control. A la vista de esto, las sentencias sobre el total de las iniciativas representan el 0,04
por ciento". La transparencia, "afortunadamente también está medida", ha agregado
Ibáñez.
Del mismo modo, ha tildado de "pueril" acogerse al argumento de que se pretende
aprobar la ley de transparencia al final de legislatura argumentando que para el PP "no hay
tiempos de descuento cuando se abre la administración a la ciudadanía". Además, ha
afirmado que si se aprueba esta norma es porque el Gobierno valenciano "ha reaccionado"
y lo hace en respuesta a la demanda de la sociedad.
MEDIDAS
Entre las medidas que propone este proyecto de ley, se dispone que los altos cargos de la
Comunitat Valenciana puedan ser cesados por el incumplimiento de normas de
transparencia, se retirarán las placas conmemorativas por razón de condena con sentencia
firme y parte de su sueldo --al menos un 10 por ciento-- se vinculará al cumplimiento de
objetivos asignados, que serán evaluados por una entidad "experta e independiente".
Asimismo, se contempla la obligación de publicidad activa por parte de aquellas entidades
que reciben más de 10.000 euros de ayudas públicas al año; y la difusión públicas por
parte de cargos públicos de su declaración de bienes y derechos patrimoniales y
variaciones.
Del mismo modo, se plantea la creación de un inventario de los obsequios recibidos por
razón del cargo, así como la publicación de la información relativa a los estudios de
opinión con indicación de los importes por gastos de elaboración y empresas
adjudicatarias, así como el gasto anual en campañas de publicidad y de promoción
institucional. Esta ley también prevé establecer la publicación de los gastos de caja fija por
órgano directivo.
DICTAMEN DEL CES
El vicepresidente del Consell, José Císcar, en la exposición ante el pleno de este proyecto
de ley, ha pedido a los diputados "altura de miras y máximo consenso" para la aprobación
de este texto. Además, ha justificado que no contara con el dictamen del Consejo
Económico y Social (CES) porque la ley prevé que este órgano consultivo realice informes
sobre proyectos de ley cuando éstos tengan que ver con cuestiones económicas, laborales
o socioeconómicas, y no es el caso de esta norma, ha apuntado. No obstante, el CES ha
remitido un informe a las Corts y algunas cuestiones que plantea han sido asumidas por el
PP en forma de enmiendas.
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