Tras la anulación del fallo que garantizaba el derecho al aborto, prolifera en Estados Unidos un pavoroso estado de injusticia

Tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar el fallo del caso “Roe contra Wade”, que garantizaba el derecho al aborto en todo el territorio estadounidense, una ola de injusticia se está propagando por todo el país. En varios estados se están implementando las llamadas “leyes de activación”, que fueron escritas con el propósito de que entraran en vigor inmediatamente después de la anulación del fallo del caso Roe contra Wade y así instaurar la prohibición inmediata del derecho al aborto en dichos estados. Las excepciones por motivos de violación o incesto incluidas en algunas de estas legislaciones han sido eliminadas. Estas restricciones sin precedentes sobre lo que hasta hace poco era considerado un derecho consagrado en la Constitución de Estados Unidos cobraron enorme relevancia recientemente, luego de que una niña de diez años víctima de violación tuviera que viajar desde el estado de Ohio, donde reside, al vecino estado de Indiana para acceder a un aborto farmacológico. La feroz embestida que la niña y su médica de Indiana recibieron por este hecho debería servirnos de advertencia sobre la época extremadamente peligrosa en la que hemos entrado.

El 1 de julio, el periódico Indianapolis Star publicó un impactante artículo sobre la niña que fue violada. Esto ocurrió solo una semana después de que la Corte Suprema emitiera el dictamen del caso “Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization”, que revocó el histórico fallo del caso “Roe contra Wade” de 1973 en el que se había determinado la legalización del aborto en todo Estados Unidos. Horas después de conocida la decisión del alto tribunal estadounidense, Ohio implementó una ley estatal que prohíbe los abortos después de las seis semanas de embarazo, una legislación que venía siendo bloqueada desde 2019 por inconstitucional. El artículo publicado por el periódico describe los casos de una gran cantidad de pacientes que desean interrumpir sus embarazos y viajan a Indiana desde estados vecinos que cuentan con severas restricciones al derecho al aborto, como Kentuky y Ohio.

El artículo detallaba también cómo la doctora Caitlin Bernard, especialista en ginecología y obstetricia, tenía a su cuidado a una niña de diez años que había quedado embarazada luego de una violación. Personal médico especialista en abuso infantil de Ohio se puso en contacto con la doctora Bernard en busca de ayuda, porque la niña cursaba seis semanas y tres días de gestación y no podía practicarse un aborto en Ohio, ya que la legislación de ese estado prohíbe los abortos a partir de las seis semanas de gestación y no prevé ninguna excepción por casos de violación o incesto.

Medios de comunicación, analistas y dirigentes políticos de derecha salieron inmediatamente a cuestionar la veracidad de la información. “Cada día que pasa, se hace más probable que esto sea un invento”, le dijo al medio USA Today el fiscal general de Ohio, el republicano Dave Yost. Por su parte, el congresista republicano de Ohio Jim Jordan publicó un tuit —que luego eliminó— en el que decía: “Otra mentira más. ¿A quién le sorprende?”. Jordan trabajó como entrenador de lucha libre en la Universidad Estatal de Ohio de 1987 a 1994 y ha sido acusado de ayudar a encubrir las agresiones sexuales que varios atletas varones sufrieron a manos de un médico del departamento de atletismo de dicha universidad.

El presentador del canal Fox News Jesse Watters calificó al artículo sobre la violación de la niña como una noticia falsa y luego invitó al fiscal general republicano de Indiana, Todd Rokita, a su programa. Durante esa entrevista, Rokita dijo acerca de la doctora Bernard:

“Y luego tenemos a esta activista a favor del aborto que actúa como médica y tiene un historial de no informar [los abortos al estado]. Estamos recabando toda la información y las pruebas. Haremos una investigación a fondo, que incluye la revisión de la matrícula profesional [de esta doctora]. Si ella no informó sobre este aborto al estado de Indiana, está cometiendo, de manera deliberada, un delito de omisión de informar”. Durante la entrevista se mostró una foto de la doctora Bernard.

Al día siguiente, las autoridades del estado de Ohio anunciaron el arresto de un hombre que había confesado haber violado a la niña de diez años en al menos dos ocasiones. Los registros públicos confirmaron que la doctora Bernard había cumplido con todos los requisitos legales de Indiana al informar sobre el caso. A pesar de esos registros de acceso público, Rokita confirmó que estaba investigando a la doctora Bernard por posibles delitos relacionados con la atención que le brindó a la niña.

La doctora Bernard contrató a un abogado y presentó una demanda contra el fiscal general Rokita; también planea entablar una demanda por difamación. Bernard ha sufrido hostigamientos y amenazas por parte de extremistas antiaborto durante mucho tiempo, incluida una amenaza de secuestrar a su hija en 2020. Estas nuevas acusaciones falsas promovidas por Fox News y otros medios la han expuesto aún más a un daño potencial.

Los extremistas antiaborto han asesinado, al menos, a once personas desde 1993, desde médicos, recepcionistas, acompañantes terapéuticos y guardias de seguridad hasta otras personas que se encontraban por casualidad en alguno de los centros de salud que estaban en la mira de los extremistas. La Federación Nacional del Aborto ha realizado una recopilación exhaustiva de estadísticas sobre estos hechos de violencia que, además de esos once asesinatos, incluyen 26 intentos de asesinato, atentados con bomba, secuestros, hostigamientos, agresiones, actos de vandalismo e incendios premeditados.

Mientras que el fiscal general de Indiana, Todd Rokita, destina recursos públicos a su cacería de brujas contra la doctora Caitlin Bernard, aproximadamente 5.000 kits de violación permanecen sin procesar en Indiana, según lo documenta el programa End the Backlog, de la organización Joyful Heart Foundation. Tal vez Rokita debería centrarse menos en difamar al personal médico e iniciar persecuciones políticas contra los profesionales de la salud y, en su lugar, priorizar de una vez por todas el análisis de esos kits de violación.

Esta última ola de legislaciones contra el aborto está aumentando de manera alarmante. En varios estados están en proceso de redacción leyes para evitar que las personas gestantes viajen de un estado a otro para practicarse un aborto, o para llevarlas a juicio por acceder al procedimiento de manera legal en otro estado. Otras leyes que están bajo consideración apuntan a aquellas personas que “ayuden e inciten” a un aborto, lo que incluye prácticamente a cualquiera que interactúe con una persona que desea interrumpir su embarazo, desde miembros de la familia hasta donantes, taxistas y proveedores de atención médica. En última instancia, el movimiento antiabortista busca forzar una prohibición del aborto en todo el territorio nacional.

Proteger a las personas embarazadas que desean abortar y a sus proveedores de atención médica de los extremistas antiaborto —ya sea que estén acechando en las afueras de las clínicas o de los hogares de los médicos, dentro de las legislaturas estatales o en el Congreso de Estados Unidos— debe ser una prioridad para todos los estadounidenses. Si bien la anulación del fallo del caso Roe contra Wade es una derrota –y un grave acto de injusticia cometido por la Corte Suprema–, también es un llamado a la acción.