CIDH reclama por criminalización de personas LGBTI en Venezuela

Una manifestación en Caracas en defensa de los derechos de las personas LGTBI y en reclamo por su frecuente criminalización. La reciente detención de 33 hombres gais reunidos en un local privado y sin orden judicial alguna ha sido repudiada por decenas de organizaciones civiles y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Imagen: Provea

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó ayer los recientes abusos de autoridades sobre personas LGTBI en Venezuela e instó al Estado a que se abstenga de su criminalización.

En su declaración, la CIDH expresó su “preocupación ante las acciones arbitrarias y los abusos de autoridad cometidos por agentes de seguridad de Venezuela que denotan prejuicios relacionados con la orientación sexual, identidad y/o expresión de género, así como características sexuales de las personas”.

Recordó que el 23 de julio la Policía Nacional Bolivariana (PNB) “llevó a cabo un operativo en un local privado frecuentado por personas LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales) en el estado de Carabobo (centro-norte), donde detuvo a 33 hombres gays y de la diversidad sexual”.

“En el marco de dicha acción, las personas detenidas han sido fotografiadas y tuvieron su imagen, junto con las de sus documentos de identificación, publicadas en distintos medios de comunicación”, indicó el texto del órganos interamericano.

De las personas arrestadas, “30 fueron liberadas bajo régimen de presencia en los juzgados, mientras que tres se mantuvieron privadas de libertad durante 10 días”.

Los medios locales divulgaron que el allanamiento se produjo en una sala de sauna del establecimiento “Avalon Club”, sin orden judicial, y la policía expuso como evidencia las fotografías, los documentos de identidad y unos cuantos preservativos que permitieron a usuarios de redes divulgar notas sobre una “orgía con VIH”.

Los 33 detenidos, hombres con edades entre los 21 y 57 años, fueron señalados por la Fiscalía de cometer “ultraje al pudor”, “contaminación sónica” y otros delitos.

Expone la CIDH que “pese a que el operativo se originó presuntamente por quejas de vecinos relacionadas con el ruido, personas defensoras de derechos humanos afirman que la motivación detrás de estas detenciones ha sido el prejuicio y la discriminación hacia esas personas por su orientación sexual”.

“Ello en el contexto de que las personas LGTBI están especialmente expuestas a acciones arbitrarias o abusos de autoridad por agentes de seguridad del Estado, con base en prejuicios contra sus orientaciones sexuales o identidades de género no normativas”, indica el texto.

En Caracas, más de 100 organizaciones de derechos humanos, con apoyo de grupos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos y Perú, denunciaron en una declaración que “esta nueva arremetida de criminalización por parte del Estado venezolano se suma a la lista de violaciones de derechos de las personas LGTBIQ+”.

El Estado, según esas oenegés, “incumple sus obligaciones constitucionales de garantizar la igualdad de todas las personas ante la ley y la no discriminación por ningún motivo, como respuesta a hechos de odio y estigmatización motivados por la orientación sexual, identidad de género y expresión de género”.

La CDIH “recuerda que la criminalización de relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo, ya sea a través de leyes o por acciones de los órganos de seguridad y justicia, es contraria a los estándares interamericanos y universales de derechos humanos”.

Asimismo, bajo los principios de debida diligencia, “cualquier información relacionada con la orientación sexual, identidad y/o expresión de género de personas investigadas debe manejarse con estricto control de privacidad para salvaguardar el respeto a la dignidad y derechos de las personas involucradas”.

Por ello, la Comisión “insta a Venezuela a respetar los derechos humanos y a cesar la criminalización de las personas LGBTI, en estricto cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación”.

“Además, se hace un llamado al Estado para garantizar el principio de legalidad, asegurando la libertad de las personas en casos donde no se configure imputabilidad o delito”, reza la declaración.

Para finalizar, “se insta a las autoridades a abstenerse de exponer públicamente a las personas imputadas y a velar por el estricto cumplimiento de los estándares de debida diligencia”.

La CDIH hace parte de la Organización de Estados americanos (OEA), de la que el actual gobierno de Venezuela se retiró en 2019.

A-E/HM - Fuente: IPS