​España registró 374.737 ciberdelitos en 2022

Del total de ciberdelitos conocidos por Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y los distintos cuerpos de policía local, nueve de cada diez (335.995) fueron fraudes informáticos (estafas), que se incrementaron un 26 por ciento respecto a 2021.

A mucha distancia le siguieron las amenazas y coacciones cometidas a través de Internet (15.982 casos), que representan un 4,2 por ciento del total, pero que se reducen un 7,7 por ciento frente al ejercicio anterior. Descienden también los delitos contra el honor, la propiedad industrial e intelectual y la interferencia de datos y en sistema.

El informe señala que el perfil del ciberdelincuente es un hombre (72 % de los detenidos o investigados), de entre 26 y 40 años y de nacionalidad española. Por ámbito territorial, Cataluña y Madrid son las comunidades autónomas con mayor número de ciberdelitos denunciados, superando los 63.000 hechos en ambos casos. Le siguen Andalucía, con 56.900 infracciones, y Comunitat Valenciana, con 34.000.

El número de detenidos e investigados ha alcanzado en 2022 la cifra de 15.097 personas, lo que supone un aumento de un 9,4 por ciento con respecto al año 2021.

CIBERATAQUES

En cuanto a los ciberincidentes, el Informe recoge que las infraestructuras críticas recibieron en 2022 un total de 546 ciberataques, lo que supone un descenso del 19,7 por ciento respecto a 2021.

La mayor parte de los incidentes contra las infraestructuras críticas fueron ataques contra los sistemas (60%), seguidos de los robos de información (21%) y, en menor medida, fraudes, intrusiones y el uso de malware.

CAMPAÑA CONTRA LA CIBERCRIMINALIDAD

El informe de 2022 confirma la tendencia ascendente de los ciberdelitos, así como su mayor peso proporcional en la delincuencia, que ha pasado de representar el 7,5 por ciento en 2018 a un 16,1 en 2022. El Ministerio del Interior lanzó en febrero de este año una campaña de sensibilización pública, con publicidad en grandes medios y una estrategia específica para redes sociales, para hacer frente a este incremento progresivo desde 2016.

Junto a la campaña de sensibilización, Interior ha adoptado en 2023 decisiones operativas para aumentar las capacidades y recursos policiales de prevención y persecución de la ciberdelincuencia que constituyen un desarrollo avanzado del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, aprobado por el departamento en 2021.

Entre esas medidas se incluye la atribución de mayores capacidades ejecutivas a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), órgano que enlaza a la Secretaría de Estado de Seguridad con los centros de respuesta a incidentes cibernéticos nacionales de referencia. La OCC pasó a constituirse como el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos del Ministerio del Interior de apoyo a la Policía Judicial (CSIRT-MIR-Policía Judicial).

Además, y por primera vez, la Secretaría de Estado de Seguridad ha contado con una dotación presupuestaria específica de 5 millones de euros para atender las inversiones necesarias para dotar de las capacidades tecnológicas adecuadas tanto a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad como a las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil especializadas en la prevención y persecución de los ciberdelitos.