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La presencia de un exministro de Justicia del PSOE, como Juan Carlos Campo, o de una alta asesora del Gobierno socialista, como Laura Díez, menoscaba de forma evidente la imparcialidad, o al menos la apariencia de imparcialidad, del Alto Tribunal. La revisión de las sentencias de los ERE, uno de los mayores casos de corrupción de nuestra democracia, tampoco parece fortalecer la reputación de un órgano central para nuestro sistema democrático. La Audiencia de Sevilla hace bien en defender todas las garantías procesales que asisten a las partes en este caso. A fin de cuentas, es imperativo garantizar que ninguna influencia partidista ha podido orientar la acción de un órgano tan crucial para nuestra democracia como el Tribunal Constitucional.
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