Ley antiterrorista: las flaquezas del derecho- humanismo

 Apelando a las bondades del alma humana –en línea recta con los principios cristianos que motorizan la moralidad de éste lado del planeta- las potencias occidentales desenvuelven su política globalizadora.

La multiplicación de identidades parcializadas –el triunfo de la “pluralidad”- constituye la argamasa fundamental de la democracia liberal que promueven los gendarmes de Occidente. De esa forma, a través del estímulo de estas aguadas versiones democráticas y en nombre de los valores religiosos del cristianismo, el mundo occidental totaliza la historia y arrasa sobre las construcciones alternativas.

El movimiento puede sintetizarse: se produce la equivalencia de voces –estratagema encubierta detrás del tolerante precepto de “libertad de opinión”-; de tal modo, se dan las condiciones para que se vuelva imposible establecer un suelo conceptual común desde donde desarrollar y resolver los conflictos: la eterna postergación del conflicto.  

Como todas las opiniones tienen un valor idéntico, no es necesario el acuerdo conceptual: la posibilidad de hacer consciente por medio del discurso las diversas contradicciones materiales existentes se evapora.

La emergencia del conflicto –como instancia consciente/discursiva del antagonismo fáctico- se retarda una y otra vez.

El universo de complejidades que aparenta este nuevo orden democrático de las “pluralidades”, es en verdad un universo de la extrema simpleza: la totalización histórica del liberalismo financiero occidental.

La farsa de los múltiples relatos constituye el cemento con que está construido el gran relato de Occidente: donde los valores cristianos comienzan –desde la autoridad que surge de su totalización: son “el relato” histórico- a avanzar sobre las diferentes culturas, desmoronando soberanías e intentando asegurar un orden geoestratégico de dominación.

Ese es el contexto global en el que se inscriben las políticas antiterroristas: son una de las articulaciones de la estrategia imperialista. En ese marco, entonces, se comprende el nuevo proyecto de ley antiterrorista enviado al Congreso nacional por el Gobierno argentino el 14 de octubre.

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El texto remitido al Congreso dice lo siguiente: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código (Penal) hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala”.

De modo tal que las protestas no pueden realizarse para presionar a las autoridades “públicas nacionales” o a “gobiernos extranjeros o agentes de organizaciones internacionales” a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, es decir, las funciones básicas de cualquier reclamo social.

Las posibilidades de acción de cualquier organización –e, incluso, cualquier individuo- se limitan escandalosamente: prácticamente no puede hacer sonar su voz exigiendo que el Estado –o alguna organización internacional- cumpla con sus derechos.

Pero no solo el acto mismo de reclamo está condenado a las perversiones “terroristas”, sino que también la rigurosidad de la ley caerá sobre aquellos que financien a organizaciones “terroristas”: “Por otra parte, la ley agrega al Código Penal como art. 306 la figura de ‘financiación del terrorismo’, que castiga explícitamente el hecho de colaborar económicamente con cualquier organización o persona que haya cometido delitos a los que se califique de terroristas. La consecuencia directa de esto es que se puede criminalizar o perseguir cualquier campaña de solidaridad con cualquier preso político al que se le haya aplicado el agravante de terrorismo. Es más, la ley castiga inclusive el ‘financiamiento’ aun cuando se trate de personas acusadas de delitos de ‘terrorismo’ ocurridos fuera del país; es decir, sería financiación del terrorismo cualquier campaña de solidaridad con los presos políticos mapuches, con docentes peruanos acusados de terrorismo, con el director de la agencia ANNCOL y tantos otros que son perseguidos y acusados de terrorismo en nuestra América y en el mundo. A la luz de esta nueva legislación todos los que colaboraran económicamente con estas campañas deberían enfrentar penas privativas de libertad de entre 5 y 15 años”, afirma la agencia informativa Rodolfo Walsh.

La letra misma del proyecto, así lo confirma: “directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar la comisión de un delito que tuviera la finalidad prevista en el artículo 41 quinquies, independientemente de su acaecimiento (…) Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito sea cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento”.

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El discurso derechohumanista del que hizo gala a lo largo del tiempo el gobierno de Cristina Fernández no resulta contradictorio de ésta criminalización de la protesta social.

Es, más bien, su logro más alto: todo el edificio discusivo del derechohumanismo está construido sobre la base conceptual del humanismo occidental-cristiano. Este acento estigmatizador sobre la “violencia terrorista” es una consecuencia lógica del mismo y no una incoherencia.

¿Pero, acaso, una concepción derechohumanista que condene los actos criminales de la dictadura setentista sobre los militantes políticos y sociales, no debería, asimismo, considerar la legitimidad de los reclamos sociales y las acciones reivindicativas o de protesta? No necesariamente, en tanto y en cuento aquella condena se la realiza desde un punto de vista ético –es decir: desde el esquema categorial del cristianismo occidental-.

No se trata de una manifestación de fuerza histórica superior, como simple voluntad, sino que para condenar a los verdugos, se apela a los mismos argumentos que estos empleaban para ultimar a sus víctimas. Hay una lógica compartida, un mismo sistema de concepciones.

Suena dudoso que las restantes fuerzas progresistas declinen el proyecto –es de esperar que las fuerzas opositoras derechosas aprueben con amplia conformidad-.

El poder de esta occidentalización universal tiene el poderoso influjo de operar desde la humanismo: son los preceptos éticos del humanismo cristiano los que rigen sus acciones y permiten configurar el cuadro de “choque de civilizaciones”, donde el Occidente cristiano debe asumir las responsabilidades –aún la más crueles y abominables- para salvar al universo de las fuerzas retrógradas que pretenden atentar contra los “buenos valores”.

La Argentina, de aprobar esta iniciativa, estará dando el visto bueno a la avanzada imperialista sobre el Oriente islámico y se sumará a la cruzada por la cristianización del planeta. Luego, será demasiado tarde para lágrimas.