La fusión bancaria más longeva en nuestro país del sistema financiera se ha cerrado con la integración entre Unicaja y Caja España Duero. Tras más de nueve meses de intensas negociaciones, donde se abordaron diferentes modelos de gestión entre las diferentes partes, el Estado ha conseguido la fusión de ambas entidades aportando 850 millones procedentes de las arcas públicas.
Los consejeros de administración deUnicaja Banco y Banco Caja España-Duero (Banco Ceiss) informaron ayer del nuevo plan económico-financiero de integración, adaptado a las nuevas exigencias derivadas de los cambios en los marcos regulatorios, las nuevas condiciones internacionales para el sector financiero y la propia evolución del entorno económico. Es decir, pretenden adecuarse a las exigencias que el Gobierno ha emitido tras aprobarse en el Congreso la flamante reforma financiera.
Unicaja Banco, la firma exponente
El plan, que se presentará en los próximos días, proyecta la definición exacta de la estructura de la integración. Se realizará mediante el traspaso de todo el negocio y depósitos de los clientes a Unicaja Banco, bajo cuya garantía quedarán los mismos. El resto de entidades que entran en la operación se repartirán el 30 por ciento de Unicaja Banco.
La caja malagueña ostentará el dominio sobre la dirección de la unión debido a que la entidad malagueña, la más pequeña con 35.000 millones de activos, tiene sus cuentas más saneadas que el resto de las cajas participantes en la unión.
El Estado aportó 580 millones en la fusión
La operación, que ha permitido consagrar la fusión entre Unicaja y Caja España Duero, ha sido tutelada por el Banco de España, una situación atípica si tenemos en cuenta procedimientos anteriores que tuvieron como resultado la instauración de Bankia o Banca Cívica.
Las partes han formalizado un acuerdo que incluye 850 millones de nuevas ayudas del Estado. Además, Caja España Duero ya contaba en su balance con otra inyección pública desde enero de 2010, cuando recibió 525 millones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Si se consolidara el grupo, acumularía 1.375 millones de ayuda del Estado.
El Gobierno dijo que no iba a haber ayudas públicas a la banca, que todo llegaría del propio sector. No obstante, aclara que Caja España tendrá una inyección pagada a precio de mercado, entre el 8% y el 10%, por lo que no se puede decir técnicamente que es una “ayuda pública”. Los 475 millones computarán como incremento de la deuda pública pero no como déficit.
Caja España deberá pagar cada año entre 80 y 100 millones de intereses y, además, devolver los 1.000 millones de capital en cinco años. En total, unos 1.500 millones. Esto supone que el banco de Unicaja deberá ganar unos 4.500 millones en cinco años para que su filial cumpla con el Estado.
Si no lo hiciera, el Estado se quedaría con los recursos propios del banco Caja España, unos 900 millones, o el 30% del banco de Unicaja. En el mercado existen dudas de que Unicaja pueda alcanzar estos beneficios. Además, Unicaja deberá pagar los intereses de los 375 millones que pidió este viernes al Estado.
El esquema utilizado es inédito y las ayudas llegan a las dos entidades por separado. Caja España, que ya cuenta con 525 millones de ayudas públicas en forma de participaciones preferentes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), recibirá 475 millones adicionales del Estado.
Tercer mayor grupo de cajas de ahorro
El nuevo grupo que se ha formalizado tras la ardua fusión, hecha pública durante la jornada de ayer, se constituirá como el tercer mayor grupo financiero de cajas de ahorros en nuestro país.
La flamante caja de ahorros contará con unos activos totales aproximados de 80.000 millones de euros y un volumen de negocio sectorial que rondará los 120.000 millones de euros.
El nuevo grupo tiene una implantación principal en las comunidades autónomas de Castilla y León, donde se encuentran los clientes procedentes de Caja Duero y Caja España y Andalucía, que reportará los usuarios de Unicaja.
Reforma financiera
La flamante y necesaria reforma laboral fue presentada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, el pasado día 2 de febrero. En rueda de prensa, el ministro explicó que para los activos problemáticos se establece una provisión específica, con una dotación extraordinaria con cargo a resultados, por un importe próximo a 25.000 millones de euros.
Además, se prevé, un colchón de capital del 20% sobre suelo y del 15% para promoción en curso, que irá con cargo a beneficios no distribuidos, ampliación de capital o conversión de híbridos (preferentes, bonos convertibles, deuda subordinada), por un importe estimado en torno a 15.000 millones de euros.
La reforma también obligará a las entidades a crear una provisión genérica del 7% del crédito promotor no problemático, que será de unos. 10.000 millones de euros.
El Gobierno también decidió que las entidades que quieran abordar un proceso de concentración para ser viables deberán presentar sus proyectos de fusión antes del 30 de mayo. En caso de acudir a la financiación del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), lo podrán hacer a través de bonos convertibles contingentes.
Además, la reforma pretende facilitar la salida al mercado de los activos inmobiliarios en poder de la banca, con el consiguiente abaratamiento de la vivienda.
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