Considera que es "prácticamente inédito" que una guerrilla "reconozca haber cometido crímenes de guerra"

El representante especial del secretario general de la ONU en Colombia y jefe de la Misión de Verificación, Carlos Ruiz Massieu, ha alertado este martes de que la muerte de "tan solo un excombatiente" de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) supone una "tragedia para el proceso de paz" en el país latinoamericano.

En un evento organizado por Casa de América, Ruiz ha destacado que los acuerdos de paz han supuesto "grandes avances" pero también se enfrentan a "muchos retos y desafíos". Así, ha recordado que uno de los principales logros implica la conversión de la antigua guerrilla en un partido político "que trabaja en la democracia cotidiana colombiana".

"Son logros muy sólidos. Hay avances importantes en la reincorporación de prácticamente la mitad de los excombatientes, que se encuentran integrándose en la vida civil" de Colombia. No obstante, ha admitido que existen muchos desafíos, principalmente centrados en cuestiones de seguridad.

En este sentido, ha matizado que desde la firma de los acuerdos han sido asesinados unos 280 exguerrilleros, principalmente en zonas del país gravemente afectadas por el conflicto. "Sigue habiendo demasiadas amenazas, demasiadas muertes. Una sola muerte es ya una tragedia para el proceso. Si uno no puede proteger la seguridad de los excombatientes, los procesos que siguen ya no son tan relevantes", ha aseverado.

Si bien ha recalcado que se ha registrado una "falta de efectividad de las medidas implementadas por parte del Gobierno", se ha mostrado optimista ante la "búsqueda" constante de nuevas medidas "para mejorar la seguridad".

Sobre la situación de las víctimas, ha matizado que el acuerdo las sitúa "en el centro mismo" y ha afirmado que esto se ha ido "materializando poco a poco". "Realmente ya vemos hoy en Colombia cómo las víctimas van adquiriendo ese centro en torno al que fue creado el acuerdo", ha añadido antes de señalar que se han dado avances en materia de reconciliación.

Asimismo, ha hecho hincapié en que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también está "cosechando avances" y ha subrayado que el "reconocimiento por parte de una guerrilla sobre la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad es prácticamente inédito en los procesos de paz".

No obstante, ha reconocido que el país se ha visto dividido en torno a la JEP desde que se acordó el acuerdo de paz. "En algún momento dado hubo mucha presión, hubo un debate muy amplio sobre esta jurisdicción, pero hoy en día es una institución del acuerdo", ha defendido y ha pedido seguir apoyando su trabajo.

Por otra parte, ha incidido en que tras la firma del acuerdo se produjo una reducción importante de la violencia, aunque "con el paso del tiempo no se ha fortalecido la presencia integral del Estado" en las zonas donde había una mayor presencia de las guerrillas.

Esto, ha detallado, "ha sido aprovechado por otros grupos armados que ya estaban cerca de la zona y que han logrado mas control territorial", por lo que se han producido luchas y un "deterioro de la seguridad" en algunos territorios. Para él, existe un denominador común en dichas zonas: "La presencia de organizaciones criminales o grupos armados y la actividad económica ilícita, ya sea narcotráfico o minería ilegal".

DERECHO A LA PROTESTA
Sobre las protestas que han tenido lugar recientemente en el país, Ruiz ha recalcado que el acuerdo de paz ha facilitado, precisamente, que los colombianos "puedan ejercer un derecho ciudadano de protestas, de reivindicación sobre temas normales en democracias, como cuestiones económicas y sociales".

"Muchas movilizaciones en Colombia anteriormente estaban relacionadas con el conflicto, por lo que el acuerdo de paz facilita que se ejerza este derecho para temas más cotidianos", ha dicho.

A pesar de que ha indicado que, en general, las manifestaciones se han dado "ampliamente" de manera pacífica, ha lamento que ha habido casos de violencia "e incluso de violación de los Derechos Humanos".

"Las autoridades han detectado actividades en las que se aprovecha la protesta social para la activación de grupos que buscan alterar el orden público (...) y este es uno de los retos que tiene el Gobierno; respetar la protestas pacíficas y los derechos de los manifestantes al tiempo que hacen frente a cuestiones de orden público", ha sostenido.