Activistas de Birmania y presuntas víctimas de abusos han presentado una denuncia penal ante la Justicia de Alemania contra altos generales del Ejército birmano, acusándoles de instigar al genocidio contra la comunidad rohingya desde el golpe militar de hace dos años. Esta acusación es un nuevo esfuerzo para tratar de hacer que las Fuerzas Armadas de Birmania rindan cuentas por presuntas atrocidades contra la minoría rohingya del país por parte de grupos de Derechos Humanos, según ha informado la organización Fortify Rights a la agencia de noticias CNA. "La denuncia proporciona nuevas pruebas que prueban que el Ejército de Birmania mató, violó, torturó, encarceló, hizo desaparecer, persiguió y cometió sistemáticamente otros actos que equivalen a genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra", ha relatado el director ejecutivo de Fortify Rights, Matthew Smith, en una rueda de prensa en Bangkok. La asociación ha relatado que ha elegido a Alemania para presentar la denuncia por su reconocimiento del principio de "jurisdicción universal", que sostiene que un tribunal nacional puede juzgar a personas acusadas de delitos internacionales graves. En este sentido, Fortify Rights ha compartido su esperanza de que las autoridades alemanas atiendan la denuncia e inicien una investigación, ya que el año pasado un tribunal alemán encarceló a un exoficial de inteligencia sirio por asesinato, violación y crímenes de lesa humanidad, según la citada agencia. Entre los denunciantes, un total de 16 personas, se incluyen miembros de la minoría rohingya así como a otras personas que sobrevivieron o fueron testigos de crímenes en Birmania desde el golpe de Estado, según ha recalcado la organización. Los rohingya son una minoría étnica de fe musulmana que se concentra en el estado birmano de Rajine (o Arakan, como lo llaman los rohingya). Birmania les considera descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh y no les reconoce como ciudadanos, privándoles con ello de derechos básicos. Las autoridades birmanas están siendo investigadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) este año después de que Gambia presentase una denuncia por presunto genocidio a la población rohingya en el país asiático.
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