Alves nos divide

MADRID, 31 (OTR/PRESS) Cada uno es libre de compartir o no compartir la decisión unánime tomada en la sala de apelaciones (tres juezas y un juez) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el caso de Dani Alves por agresión sexual. Básicamente niega al relato de la víctima la exigible consistencia para imponerse a la presunción de inocencia. Lo cual no supone tomar por verdadero el relato de la otra parte presente en la intimidad del baño de una discoteca barcelonesa.

Eso dice la sentencia. Y el firmante de este comentario la acata y la da por buena, aunque solo sea por mi fe en la única institución disponible para sobreponerse al relato unilateral de una de las dos personas encerradas en un excusado aquel fin de año de 2022.

A los ojos de un juez, o una jueza, no tiene por qué ser más fiable la versión de un hombre que la de una mujer, o al revés, en un contexto sociopolítico de creciente equiparación real y legal, gracias entre otras cosas al movimiento feminista y el extendido convencimiento de que vivíamos y puede que aun vivamos en un ecosistema patriarcal. Pero me parece un atentado a la razón y el sentido común apuntarse acríticamente solo a la versión de la presunta agredida por afinidad al pancartismo feminista, lo cual niega la fuerza del "yo si te creo" a la otra parte, y también al propio sistema judicial.

En esa perspectiva, la del exigible respeto al muy reglado funcionamiento de la Justicia, no me parece ejemplar ni responsable que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, califique de "vergonzosa" la sentencia que -pendiente de recurso en el Tribunal Supremo- absuelve a Dani Alves. O que la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, acuse a los jueces de "cuestionar permanentemente la voz de las mujeres".

En los dos casos es de estricta aplicación la reacción de las cuatro asociaciones judiciales y las tres asociaciones de fiscales, que han acusado a la vicepresidenta de atentar contra las bases del sistema judicial. Y, por la misma razón, tampoco parece ejemplar que la antecesora de Redondo, la exministra de Igualdad, Irene Montero, cuya obra predilecta fue llevar al BOE la llamada ley del "solo sí es sí", declare públicamente que hay "violencia institucional" tras la sentencia del mencionado TSJC que hace unos días absolvió a Dani Alves de los delitos de agresión sexual por los que había sido condenado a cuatro años y medio de cárcel al exfutbolista del Barcelona.

Si hablamos de violencia institucional o institucionalizada, prefiero fiarme de la Justicia. Es un ámbito de actuación pública mucho más reglamentado que el del Gobierno al que pertenece Redondo y perteneció Irene Montero, donde las malsana tentación de alcanzar el poder absoluto o de actuar sin contrapesos es cada vez más frecuente.