CCOO pide negociar la reforma del despido tras el pronunciamiento del Comité Europeo de Derechos Sociales

MADRID, 31 (SERVIMEDIA)

CCOO reclamó este lunes al Gobierno abrir "una etapa de diálogo y negociación" en el ámbito del diálogo social para adecuar el marco de protección de los trabajadores frente al despido a las exigencias de la Carta Social Europea, es decir, "a la normativa internacional reconocida por nuestro país y, por tanto, vinculante".

Así se expresaron fuentes de CCOO después de que 'El País' adelantara que el Comité Europeo de Derechos Sociales falló el pasado año también a favor de su demanda contra el bajo coste del despido en España, como ya hiciera anteriormente con la denuncia presentada por UGT.

Eso sí, como sucedió con UGT, durante meses, el contenido del fallo es confidencial. En este caso, el deber de sigilo del sindicato debe mantenerse oficialmente hasta el 27 de junio.

No obstante, sin entrar a desvelar la letra pequeña del texto, fuentes de CCOO manifestaron su "compromiso" con la defensa de los derechos de las personas trabajadoras y con el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de protección ante el "despido injusto".

En este sentido, urgió al Ministerio Fiscal a que intervenga en los procesos judiciales para promover recursos y actuaciones que salvaguarden los derechos protegidos por la Carta Social Europea en materia de despidos sin causa.

Igualmente, sostuvieron que, más allá del actual pronunciamiento del Comité, que es confidencial, los diferentes pronunciamientos ya conocidos sobre esta misma cuestión han señalado los "graves incumplimientos de nuestra legislación". Y ello, en su opinión, evidencia la necesidad de abrir una mesa de negociación para resolver estos déficits.

Cabe recordar que UGT primero y CCOO después presentaron en la pasada legislatura una demanda colectiva contra España ante el mencionado Comité para denunciar el "bajo" coste del despido en España y para exigir que las indemnizaciones sean realmente disuasorias para el empresario y que, de acudir a la figura del despido improcedente, se resarza el daño causado al empleado de forma más adecuada de lo que sucede en la actualidad.

El pasado año, el Comité avaló buena parte de estos argumentos y abrió la puerta a que los empresarios no sepan cuál será la indemnización máxima de forma tasada ante un despido improcedente, de forma que este importe dependa del perjuicio causado al empleado en función de sus circunstancias personales, como las cargas familiares o la edad.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se comprometió a acometer esta reforma después de la reducción de la jornada laboral, una cuestión que todavía debe ser aprobada en segunda vuelta en Consejo de Ministros y afrontar una procelosa negociación parlamentaria pues sin Junts o el PP, la reforma del Estatuto de los Trabajadores no verá la luz.

En la actualidad, el despido está tasado en España en 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades. Díaz es partidaria de acometer reformas pero no se muestran tan favorables en el Ministerio de Economía que lidera ahora Carlos Cuerpo, mientras que CEOE y Cepyme se oponen frontalmente al considerar que se estaría vulnerando el acuerdo de la reforma laboral de 2021, donde se decidió orillar esta cuestión.