Aquí no vale eso de "Houston, tenemos un problema" porque lo que tenemos en España, en Europa y en el mundo es una montaña de problemas diferentes pero entrelazados entre sí y que tienen que resolver políticos de distinta ideología que no se hablan, no se entienden, no escuchan o, incluso, están dispuestos a ir a la confrontación, al conflicto o a la guerra sabiendo que no la pueden ganar y siendo conscientes de que sólo la cooperación, el trabajo colectivo y los consensos amplios pueden aportar algo de luz al problema.

Aquel 14 de marzo de 2019 se decretó el estado de alarma. Seis días después de las manifestaciones del 8-M que, posiblemente, multiplicaron los contagios, pero que no se prohibieron, aún sabiendo el riesgo, por razones ideológicas. Luego vino la tragedia que conocemos, el aislamiento total, el cierre de los negocios y de las escuelas, el teletrabajo donde se podía, la solidaridad en los balcones, el inmenso trabajo de los médicos y de todo el personal sanitario o el de aquellos que garantizaban los suministros imprescindibles, el de los medios de comunicación que nos mantenían informados* Y millones de contagiados y 120.000 muertos, muchos de ellos mayores. Cinco años ya. Y todavía ahora, decenas de miles de españoles padecen secuelas, de mayor o menor gravedad, relacionadas con los efectos de la pandemia. La mayoría de los responsables políticos de aquel momento ya no están en sus cargos y el entonces mi9nistro de Sanidad preside hoy la Generalitat de Cataluña. Cinco años ya y casi nos hemos olvidado de lo que pasó. Los resultados fueron terribles en todas las comunidades autónomas, pero la presión política de la izquierda sólo sigue sobre lo que paso en la de Madrid, a pesar de que más de sesenta denuncias han sido archivadas por los tribunales. En 2020, el entonces delegado del Gobierno en Madrid decía que "vamos a seguir explotando el tema de las residencia. Tenemos que retorcer el tema de las residencias". Y ahí siguen. Impresentables hay en muchas partes. Hace unos días ha tenido que dimitir una responsable política por decir que "el COVID no fue una pandemia de gran gravedad".

Decía Chesterton que “nadie puede usar la palabra progreso si no tiene un credo definido y un férreo código moral. Porque la misma palabra ‘progreso’ indica una dirección y en el mismo momento en que, por poco que sea, dudamos respecto a la dirección, pasamos a dudar en el mismo grado del progreso”. Es evidente que en polìtica debería ser exigible a todos los actores el respeto a un código moral, un sistema de normas y valores sólidamente fundamentados de acuerdo con un marco ético que garantice la transparencia, la justicia, el respeto a los ciudadanos y a los adversarios, la responsabilidad, la honradez, la imparcialidad y la profesionalidad. Eso no garantiza necesariamente que las cosas vayan a funcionar bien, pero marca un horizonte de fondo que tranquilizaría la vida polìtica. Claro que como decía el catedrático de Filosofía, José Luis López Aranguren “la moral se esgrime cuando se está en la oposición; la política cuando se está en el poder”.

Este miércoles es miércoles de ceniza. Para los católicos, más de diez millones practicantes --muchos más, una mayoría, de formación o de tradición--, empieza la Cuaresma, que culminará cuarenta días después con el hecho que da sentido a la fe: la resurrección de Cristo.

Cataluña financió casi a coste cero, con el dinero de todos los españoles, su mala gestión desde hace décadas, de los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación, donde es más importane hablar catalán que ser un buen profesional, sus delirios independentistas, sus subvenciones a grupos separatistas, su referéndum ilegal, sus embajadas en el exterior, en suma su intención de violar las leyes y el Estado de Derecho y tapar, al mismo tiempo, su incapacidad para gobernar. Así hasta 73.000 millones de euros porque los mercados no estaban dispuestos a prestarles dinero por falta de confianza en que lo pudieran devolver.

Todas las profesiones son importantes, pero a algunas, por su especial trascendencia, deberían llegar los mejores y deberían estar suficientemente pagadas para atraerlos. También deberían tener el reconocimiento social y el apoyo e impulso de las Administraciones públicas. Me refiero especialmente a tres: los médicos, en cuyas manos está la vida de los pacientes; los profesores en quienes delegamos no sólo la instrucción sino la formación de los más jóvenes, en suma el futuro; y los jueces, junto con el resto de las profesiones jurídicas, en cuyas actuaciones o decisiones se juega la libertad, el derecho, la fama y el honor de las personas y de las empresas, su economía y hasta la vida. Si un médico, un juez o un profesor se equivoca, el riesgo es enorme. Los tres tienen que estar continuamente en formación para hacer bien su trabajo. De ahí la importancia de su formación permanente y de su crecimiento profesional.