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El Gobierno de Nicaragua ha desmantelado los últimos controles que existían sobre su poder, ejecutando sistemáticamente una estrategia autoritaria, mediante la comisión de graves violaciones de derechos humanos, según ha advertido esta semana un grupo de expertos de las Naciones Unidas.
La pena capital no debería existir ya en el siglo XXI, y los Estados que la aplican deberían establecer una moratoria y avanzar hacia la abolición, según ha planteado de nuevo el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó medidas que transferirán a niños al sistema penitenciario de adultos del país, exponiéndolos a un mayor riesgo de abuso y violando los estándares internacionales de justicia juvenil, según ha denunciado la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW).
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