La implantación de la Agenda 2030, un camino de espinas

La llamada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se firmó el 25 de septiembre de 2015 en las Naciones Unidas por 193 países (a excepción de algunos estados árabes y repúblicas ex soviéticas y unos pocos africanos, sudamericanos y asiáticos) con el objetivo de fortalecer la paz mundial, el acceso universal a la justicia y favorecer políticas en favor de las personas y del planeta luchando contra el cambio climático y las desigualdades sociales.

Durante estos diez años desde su aprobación se ha oído hablar de ella de una manera un poco abstracta pero se trata de un pacto global que recoge diecisiete objetivos cuya implementación debería plasmarse a nivel mundial antes del año 2030. 

Este acuerdo, el primero que cuenta con un apoyo casi unánime de la ONU, busca de manera prioritaria acabar con la pobreza y el hambre en el mundo, lograr la igualdad de género, reducir las desigualdades, facilitar el acceso universal a la sanidad y la justicia, fomentar el consumo responsable y proteger el clima y la vida de ecosistemas terrestres.

Objetivos aún lejanos

Pero su implantación no está cumpliendo ni los plazos ni las metas a la velocidad que se pretendía, según informes divulgados por la Comisión ejecutiva de Naciones Unidas para el cumplimiento de la Agenda 2030. Incluso el propio secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, ha llegado a afirmar que el plan global no es suficientemente ambicioso.

Y la palma se la lleva la lucha contra el cambio climático, que lejos de contenerlo avanza inexorablemente. Aunque ha habido importantes avances en materia de salud incrementándose la esperanza de vida y reduciendo la mortalidad infantil.

En julio de 2023 se presentó el primer dossier y se observa que una buena parte de los objetivos están lejos de cumplirse, ya sea por la crisis del clima, por una economía mundial débil, por los impactos de la pandemia y por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Y para muestra algunos botones: un 7% de la población mundial vive en condiciones de extrema pobreza y el compromiso de reducirlo en 2030 al 3% es ya improbable, más de 2.500 millones de personas viven en países con escasez de agua viéndose privados de servicios de suministro que gestionen la calidad para un uso seguro, las mujeres continúan con un acceso mucho más limitado que los hombres a la educación y el empleo y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos en todas las regiones del planeta.

Pero no todo son malos augurios. Por contra se ha conseguido reducir la mortalidad infantil en un 12%, 687 millones de personas que no tenían un acceso seguro a agua potable ya lo tienen, la producción de energía renovable supone ya el 29% del total de la producción mundial y el acceso a internet ha pasado de un 40% a un 66%.

En resumen, superados los dos tercios de una senda espinosa que se inició en 2015 y cuya meta es 2030 los resultados son algo desalentadores. Solo el 15% de los proyectos han avanzado lo previsto, mientras que el 48% no lo han hecho según lo vaticinado y un 37% están igual o han retrocedido.

Todo ello agravado, por un lado, por el COVID19 que causó el cierre o supresión de organismos e instituciones encargadas de la verificación de los 17 objetivos, sobre todo en los países menos desarrollados y, por otro, por la oposición de corrientes religiosas extremistas, movimientos sociales y partidos políticos de ultra derecha que se oponen radicalmente al establecimiento de la Agenda 2030, argumentando que se trata de un plan urdido por las élites económicas para instaurar un gobierno mundial que beneficie a sus propios intereses, que alienta el fraude del cambio climático y propugna la desaparición de la soberanía de los estados.

Mientras tanto, quien más acusa la ausencia de progresos o incluso de retrocesos, son los países más pobres y vulnerables.