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El gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros un decreto de ley de propuestas que contribuyen a luchar contra la precariedad laboral, entre las que se incluye el registro de la jornada laboral de los trabajadores, tanto para los funcionarios como para los integrantes de una empresa. Esta medida obligará a los empleados a indicar el inicio y la finalización de la jornada sin perjuicio de la flexibilidad horaria.
Las empresas tendrán que guardar los registros horarios durante cuatro años y permanecerán a disposición del trabajador, sus representantes y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las corporaciones dispondrán de dos meses desde la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para poner en marcha esta medida. Es decir, que la fecha límite para que las empresas se acojan a estas condiciones será el próximo mes de mayo. Si no la cumplen, se enfrentan a sanciones, ya que se considerará infracción grave no tener el registro.
De esta forma, el Gobierno tratará de evitar circunstancias de precariedad laboral que se dan en muchas empresas del país, como situaciones en las que “trabajadores que están contratados a tiempo parcial pero lo hacen a completo” o la realización de horas extras que “ni se las pagan ni cotizan a la Seguridad Social”, tal y como ha apuntado la ministra de Trabajo Magdalena Valerio.
Según la resolución del Consejo de Ministros de hoy,con este paquete de normas "se garantiza el cumplimiento de los límites del horario de trabajo y se posibilita el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social". Además, "se facilita, la resolución de discrepancias en cuanto a la jornada y por tanto, sobre el salario". Gracias a esta fórmula, "se sientan las bases para acabar con uno de los elementos que precarizan las relaciones laborales y se reconoce el papel de la negociación colectiva".
Tras el anuncio de estas propuestas, los principales sindicatos del país, CC.OO. y UGT, han asegurado que la decisiones tomadas por el Gobierno son "insuficientes", debido a que no se obliga a las empresas a llevarlas a cabo. Los sindicatos denuncian que el control de horarios es inapropiado porque no obliga a las empresas a cumplirlo.
En concreto, critican "la ausencia" de controles efectivos, ya que de esta forma se impide la detección de incumplimientos generalizados en determinados sectores de las normas sobre duración de jornada y la existencia "de millones de horas extras sin retribuir y sin cotizar".
Además, los sindicatos consideran error que la regulación de la jornada laboral quede en manos de las compañías ya que son las ellas las que permiten las situaciones de precariedad en las oficinas.
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