Desde la Unión Sindical Obrera (USO) y Comisiones Obreras denunciamos la confabulación entre la Consejería de Salud y Consumo y la empresa SSGA en las últimas adjudicaciones de las ambulancias de Córdoba, que han intentado también adjudicar sin explicación las de Sevilla y, tras un desastre jurídico por parte del SAS, concederles las de Granada.

14 de diciembre. El Secretario General de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unai Sordo, ponente en el Ritz en la tribuna de Nueva Economía Fórum. Unai, automáticamente subrayado en rojo por el ordenador. Al verificarlo, aparece un nombre vasco que etimológicamente significa ‘pastor de vacas’. El equivalente en castellano sería ‘pastor’.

Estos malos datos vienen a sumarse al anterior incremento de principios de septiembre, en el que ya se duplicó el número de contagios durante el verano, desde el final del estado de alarma a finales de junio, en un suma y sigue que se intenta ocultar manipulando la metodología de cómputo de los contagios.

Habrá que ver hasta dónde llega el grado de cinismo de los sindicatos, presuntamente encargados de la defensa de los obreros, infractores habituales conscientes y reincidentes de que están actuando en contra la ley cuando convocan huelgas políticas y salvajes que nada tienen que ver con las empresas y las relaciones laborales y sí, mucho, con temas políticos en defensa de aquellas ideas subversivas con las que pretenden alcanzar objetivos o ayudar a alcanzarlos, que forman parte del programa político de comunistas, ácratas o socialistas de ideas extremas.

¿Por qué se les llena la boca de la palabra democracia a aquellos que, precisamente, actúan como si no creyesen en ella o la interpretan como un comodín que solamente lo usan cuando se da el caso de que argumentarla les favorece, olvidándose de ella en aquellas otras ocasiones en las que les resulta incómodo sacarla a relucir?

El gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros un decreto de ley de propuestas que contribuyen a luchar contra la precariedad laboral entre las que se incluye el registro de la jornada laboral de los trabajadores, tanto para los funcionarios como para los integrantes de una empresa. Esta medida obligará a los empleados a indicar el inicio y la finalización de la jornada sin perjuicio de la flexibilidad horaria.