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Brasil retrasa un año la adjudicación de su AVE, previsto para 2020

A petición de España y Alemania
Redacción
martes, 13 de agosto de 2013, 08:46 h (CET)
El Ministerio de Transportes de Brasil ha ratificado el calendario de entrada en servicio de su ambicioso plan de alta velocidad, que conectará las ciudades Río de Janeiro, Sao Paulo y Campinhas, previsto para 2020, a pesar de la decisión de retrasar un año la adjudicación de la fase inicial del proyecto a petición de inversores españoles y alemanes.

Esta ampliación en un año del plazo de adjudicación de la primera fase del proyecto, en la que se seleccionaría al proveedor tecnológico, la operativa de servicios y los sistemas de mantenimiento, ofrecerá mayor seguridad y dará a más compañías extranjeras la oportunidad de participar, indicó el ministro brasileño de Transporte, César Borges.

"Queremos el mayor número de participantes en el evento", indicó Borges, quien subrayó que "se mantiene la previsión de entrada en servicio en 2020".

De hecho, el Ministerio de Transportes brasileño indicó en un comunicado que la segunda fase de la subasta, en la que se determinarán las empresas responsables del proyecto de infraestructura, se celebrará como estaba previsto en 2015 con la previsión de comienzo de las operaciones en 2020.

"El diseño de un tren de alta velocidad es un proceso complejo que nunca se ha realizado a mayor velocida en ningún otro proyecto en el mundo. Requiere la formación de consorcios", dijo el ministro brasileño. "Si todo el mundo acude a Brasil, no serían más de cinco". apostilló.

El AVE a Brasil constituye un 'macrocontrato' estimado en unos 13.000 millones de euros que contempla la construcción y explotación de una línea AVE de 511 kilómetros de longitud que unirá Río de Janeiro, Sao Paulo y Campinhas.

Los grupos interesados en pujar por esta primera licitación del proyecto, presupuestada en 2.450 millones de euros, tenían de plazo hasta el viernes 16 de agosto, después de que se retrasara la fecha del 13 de agosto inicialmente prevista.

El Ministerio de Fomento español había promovido de cara a esta adjudicación la formación de un consorcio, presidido por José Eladio Seco y compuesto por las empresas públicas Renfe, Adif e Ineco, y las firmas privadas ACS, Talgo, Indra, Elecnor, Abengoa, Thales, Bombardier y Dimetronic.

A su vez, el fabricante ferroviario CAF ultimaba la constitución de otro consocio con el que competir por el proyecto, según informaron a Europa Press en fuentes del sector, que detallaron que se trataría también de un grupo con sello español.

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