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Bien, señores, ya estamos inmersos en esta nueva etapa política en la que, sin duda alguna, nos esperan grandes momentos en política especialmente preocupantes; inmarcesibles situaciones de desamparo; escabrosas decisiones gubernamentales; ataques directos a nuestros patrimonios; limitaciones flagrantes de nuestros derechos individuales y de propiedad y, por si fuera poco, ya se nos ha venido anunciando la llegada de una censura en forma de normativa, que va a limitar el constitucional derecho de expresión, amparando su aplicación en algo tan insustancial y nebuloso como es el pretender evitar lo que, para los nuevos gobernantes, sería una expresión de odio, algo tan corriente como es opinar contra las decisiones del poder político y administrativo. Sería un intento de impedir, a la prensa y a todos los españoles, expresar libremente sus ideas, especialmente si estas estuvieran dirigidas en contra de las personas, partidos, tendencias políticas o decisiones gubernamentales con las que no se estuviera de acuerdo, achacando la calificación de odio u odioso a aquellas opiniones que simplemente entrañaran la sana e imprescindible facultad democrática de poder discrepar de la opinión ajena, utilizar la crítica constructiva y denunciar los posibles abusos inherentes a todo poder y, especialmente, de todos aquellos actos u omisiones de los que, las instituciones estatales pudieran valerse para aplicar a los ciudadanos determinadas cargas, deberes, obligaciones, imposiciones fiscales o restrictivas de sus derechos constitucionales con las que, los ciudadanos, no estuvieran de acuerdo, por interpretar que les pudieran resultar excesivamente onerosas, perjudiciales o que atentaran directamente contra sus creencias religiosas. ¿Delitos de odio, expresiones de odio? Quizá nuestros actuales gobernantes no hayan sabido interpretar las que los separatistas catalanes, sus milicias subversivas, los CDR, o sus representantes públicos no han tenido inconveniente en pronunciar contra España, los españoles, sus instituciones o el mismo Jefe del Estado, el Rey o
las quemas de símbolos como banderas, cuadros, fotografías de SS.MM, políticos de derechas o personas non gratas que los más extremistas quisieran poder eliminar por constituir un obstáculo a sus objetivos independentistas. En ningún caso han tomado medidas o han ordenado tomarlas a los fiscales, para acabar con semejantes muestras de lo que es verdadero odio.
Algunos optimistas (siempre los hay, incluso entre las derechas) siguen pensando que, al menos, se ha conseguido que haya un gobierno. Pero, ¿a qué precio, con qué perspectivas; en manos de quién ha quedado; cuántas concesiones al separatismo catalán y vasco, se han tenido que pagar; qué perspectivas existen de que sea capaz de funcionar bien, existiendo tanta diversidad de componentes e ideas políticas; cuánto tiempo va a durar; etc.? Se nos ha querido vender como si fuera un gobierno capaz de durar, sin descomponerse, los cuatro años de legislatura pero, contradiciéndose a sí mismos, han tenido que pactar un documento interno para solucionar entre ellos sus disensiones, con el objetivo de evitar que trascendieran al resto de la ciudadanía, en un ejercicio intolerable de oscurantismo y falta de transparencia democrática, rayano en el delito.
Sin duda, esta legislatura se ha iniciado en falso ya que el nuevo Gobierno, al que podíamos calificar como policromado políticamente, ha empezado con una grave y, podríamos decir, dependencia respecto al soberanismo catalán y vasco. Lejos de haber encontrado una solución definitiva para esta lacra que está afectando, durante demasiados años, a nuestra patria; lo único que ha hecho ha sido comprometerse, ofrecer soluciones que no están en manos de ningún gobierno constitucional; humillarse aceptando que se les haya injuriado públicamente en las Cortes y, para mayor INRI, por si no bastara y no fuera suficiente sometimiento a los que, el señor Sánchez, precisa tener satisfechos si quiere ser capaz de mantenerse en el gobierno, se comprometió a reunirse, a tener una conversación de tú a tú con este personaje, Torra, que se ha rebelado abiertamente, prevaricando, contra la nación a la que pertenece, renegando públicamente de aquellas instituciones, entre ellas la Constitución que, como funcionario público, estaba obligado a acatar y respetar. Si esta reunión absolutamente improcedente y fuera de lugar, ya tenía el sello de ser una traición al Estado español, ya no digamos si tuviere lugar después de que, la Junta Electoral Central, hubiera dictaminado que, al ser condenado a inhabilitación por un año y tres meses para ocupar cargo público, Torra debía dejar el acta como parlamentario catalán y, en consecuencia, su puesto de presidente de la Generalitat de Cataluña. Como era de esperar, ni él ni el actual presidente del Parlament, señor Torrent, de la misma catadura política que Torra, han aceptado la competencia de la JEC para inhabilitarlo y siguen empecinados en que, hasta que el TS decida sobre el recurso planteado, van a mantener al rebelde Torra en su cargo de presidente. ¿Qué decidirá el TS sobre esta nueva incursión del separatismo al territorio de la insurrección y el desacato por las resoluciones de los tribunales?
Pero, las primeras amenazas que ya se vislumbran respecto a la salud de nuestra democracia, no han tardado en llegar. Si alguien se hubiera extrañado de que se pudiera consentir el que los nacionalistas usaran las triquiñuelas legales para entorpecer la acción de la Justicia, como ahora intentan hacer, retrasando la inhabilitación de Torra. Debiera tener en cuenta la acción desestabilizadora que, a la chita callando, está llevando el nuevo ejecutivo, presidido por Pedro Sánchez, intentando por todos los medios a su alcance evitar que, en Cataluña, sucedan cosas que puedan acabar de irritar a sus apoyos separatistas en el Congreso de los Diputados. Es evidente que, si el señor Torra se insolenta, se niega a aceptar su inhabilitación y las órdenes de la JEC, con plenas facultades para tomar la resolución que tomó respecto a la situación de Torra, cuando ordenó su cese inmediato como diputado, sin cuya cualidad, no era posible ostentando la presidencia de la Generalitat; algún fiscal debió de proceder e iniciar un expediente disciplinario por la desobediencia del señor Quim Torra, al desobedecer la resolución de aquel tribunal. ¿Por qué no lo han hecho? Y ¿por qué no lo hicieron, a su tiempo, contra los numerosos desacatos de los independentistas respecto a las sentencias del TS o de la APB? Evidentemente, porque se les ordenaba que no actuasen, precisamente porque a los negociadores entre el Gobierno de la nación y los separatistas, no les convenía que se exacerbaran, todavía más, las discrepancias que mantenían ambas partes, para conseguir un acuerdo que les hubiera permitido retrasar el problema para un futuro indefinido.
Y un comentario sobre otro nombramiento que ha decidido el señor Pedro Sánchez para intentar copar la Justicia e impedir que, el Poder Judicial, en teoría independiente del Ejecutivo y el Legislativo, deba acabar plegándose a la voluntad omnímoda del Gobierno, como corresponde hacer a cualquier gobierno, de carácter filocomunista, que se precie y cuyo objetivo final sea el de acabar con la democracia en cualquier país sobre el que ejerzan su poder; ha sido destituir a la actual fiscal general del Estado, señora María José Segarra, una señora que, al parecer, no ha querido plegarse a las pretensiones del Gobierno, que intentaba que el informe que remitiese al TS la fiscalía fuera del mismo tenor que el de la Abogacía del Estado, respecto a la inmunidad parlamentaria del señor Junqueras que, como es sabido, finalmente ha sido rechazada por el Parlamento Europeo, para general descontento de aquellos separatistas que confiaban en ello para forzar “negociaciones”, las mismas que el señor Sánchez parece concederles gratuitamente, pese a todo.
Está demostrado que al señor Sánchez las formas, los protocolos, las costumbres, las maneras éticas o cualesquiera otras normas de comportamiento o frenos morales, que estén encaminados a que los ciudadanos tengan confianza en sus instituciones, le importan un bledo. Ha decidido, y no parece que le vaya mal, que el seguir el impulso de su voluntad, sean cuales fueren los obstáculos legales que existieran, le han venido favoreciendo, de modo que no han podido impedirle que, con sus maquinaciones, engaños, chantajes, presiones y demás triquiñuelas y argucias, las menores de las cuales no han sido sus engaños a los votantes y sus, súbitos, cambios de opinión capaces de desconcertar al ciudadano más responsable al que ha sabido engañar; le han servido para conseguir que le votaran.
Hay decisiones que chirrían a los oídos, ya suficientemente escarmentados de los ciudadanos y, seguramente, una de ellas es la de que se haya nombrado a la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva fiscal General de Estado en sustitución de la destituida fiscal Segarra. Es obvio que, una señora que ha estado desempeñando un cargo en el gobierno cesante, adscrita a un partido político, conocida por sus ideas de izquierdas, no es la persona más adecuada, dadas las circunstancias actuales, para ocupar semejante puesto de responsabilidad. Es conveniente conocer lo que sus compañeros fiscales, escandalizados ante semejante cacicada, han dicho al respecto: El Mundo “El sentir generalizado es que Pedro Sánchez la nombra de fiscal general para "desjudicializar" el procés y dar órdenes directas de forma inminente a los fiscales de Cataluña que tendrán que informar sobre los permisos penitenciarios de los condenados por el 1-O. También tendrá la última palabra sobre la Fiscalía en los posibles indultos a los presos pero en ese caso tendrá enfrente a los cuatro fiscales de Sala del 1-O, entre ellos al que fuera su jefe durante más de veinte años, Javier Zaragoza”.
Por desgracia, no parece que estemos ante un gobierno capaz de reconducir a España hacia una situación que nos acerque a Europa y, a la vez, consolide nuestra democracia. Tenemos la desagradable impresión de que nos encontramos ante un gobierno, demasiado numeroso, demasiado fragmentado en lo que se refiere a opiniones políticas, con un peligroso grupo de Podemos al frente de ministerios relacionados con el trabajo, seguramente con grandes posibilidades de acabar enfrentándose con los ministerios económicos y con una apertura hacia teorías feministas que conducirán a intentos de establecer desigualdades en favor de las mujeres, difíciles de encajar en nuestra Constitución. En definitiva, un gobierno cogido con alfileres que, en cualquier momento y por la más mínima causa, interna o externa, puede derrumbarse como si se tratara de un castillo de naipes y, naturalmente, las consecuencias pueden llegar a ser catastróficas para España y los españoles. Nada importa, ¡España es primero! /y su gloria es inmortal/ lucharé con quien la ofenda/ y sabré ser su hijo más leal.
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