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Un "pelotazo de manual" | |||
| Fue el funcionario de gestión que descubrió las irregularidades que condujeron con el tiempo a la sentencia de condena al presidente de la Cámara Sal DiMasi | |||
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Gregory Sullivan está triste. El antiguo inspector responsable de transparencia de la Commonwealth de Massachusetts se ha puesto a estudiar el proyecto de ley 4111, la legislación que da luz verde a la ampliación del Centro de Convenciones y Exposiciones de Boston con una partida de 1.100 millones de dólares. El anteproyecto, que la semana pasada superaba el trámite en la Cámara por un margen de 130 a 19 votos, dota a la Gestora del Centro de Convenciones de Massachusetts de competencias no sólo para ampliar sus ya colosales instalaciones de convenciones en South Boston un 60 por ciento, sino para elegir una cadena hotelera para levantar enfrente y explotar un establecimiento de entre 1.000 y 1.200 camas en suelo propiedad de la Autoridad Portuaria de Massachusetts. Con 37 años de experiencia en la legislatura estatal a sus espaldas — 17 como representante del estado y 20 en el cargo de inspector general — no es probable que esto tenga muchas negociaciones opacas ni acuerdos fraudulentos que escapen a Sullivan. Fue el funcionario de gestión que descubrió las irregularidades que condujeron con el tiempo a la sentencia de condena al presidente de la Cámara Sal DiMasi. Ahora presta con diligencia sus conocimientos al Instituto Pioneer, una institución de Boston que lleva tiempo sin perder de vista la política y la legislación en torno al centro de convenciones del estado, como responsable de documentación. A medida que Sullivan profundizaba en la legislación, dice, "Me echaba a temblar". Él distingue las pistas de un "pelotazo de manual" que en la práctica va a permitir que la Gestora del Centro de Convenciones de Massachusetts "básicamente se embolse la cantidad que quiera" a cambio de levantar el hotel, y recoger subvenciones públicas cuyo valor brincaría los 100 millones de dólares. Pero por ninguna parte del proyecto de ley ni en la detallada Memoria de Calidades difundida ya por la instancia aparece alguna cláusula que obligue a que el contrato del establecimiento se otorgue al promotor que realice la postura de menor subvención. Tampoco hay ninguna indicación de la forma en que la instancia pretende evaluar las posturas que reciba. El criterio de referencia en la adjudicación de contratos públicos es la transparencia anticipada, dice Sullivan. "Se anuncia por anticipado cómo se van a valorar exactamente las posturas — por ejemplo, el 30 por ciento de la valoración puede basarse en la experiencia, el 30 por ciento en la capacidad gestora y el 40 por ciento en la financiación del proyecto que se presenta". Siendo el funcionario responsable de la transparencia en la gestión, siempre le impresiona la profesionalidad del Departamento de Gestión y Administración de los Activos — la instancia pública principal responsable de la construcción y la gestión de los inmuebles importantes del estado. Pero el proyecto de ley tramitado por la Cámara simplemente obliga a la gestora del centro de convenciones a "consultar" con la instancia, que "por lo demás carece de jurisdicción sobre el proyecto de ampliación del Centro". No es la única vía por la que la legislación combate el escrutinio independiente del proyecto. El proyecto de ley establece dentro del contrato con la gestora una nueva medida de excepcionalidad a la Ley de Transparencia del estado y los reglamentos de transparencia, que afectaría a "cualquier información económica o comercial referente a la operación, de cualquier índole". Es un nivel de opacidad alarmante, y Sullivan considera sospechosa la excusa de la gestora — que es algo imprescindible para proteger secretos comerciales de empresas privadas. Las leyes de libertad de información en vigor ya permiten la exclusión de los secretos de entidades privadas. Si otras agencias públicas pueden adjudicar contratos a entidades privadas sin necesidad de que una campana proteja de la exhibición pública el mecanismo, la gestora también debería poder. Sus reparos despiertan las sospechas de Sullivan. "Esta es la cuestión", dice. "Si alguien quiere examinar información económica crítica referente a estos contratos muy lucrativos, que se vaya olvidando: Nunca va a tener oportunidad". Según se redactó originalmente, el proyecto de ley llega todavía más allá, al declarar exentos de las leyes de conflicto de intereses en lo relativo a la ampliación del centro de convenciones a los funcionarios de la gestora. Sullivan aplaude al congresista Brian Dempsey, el Demócrata de Haverhill al frente del Comité de Asignaciones de la Cámara, por sacar ese punto del proyecto de ley. Hay otras señales de alarma. La legislación añade mecanismos de protección a las leyes de horas extra del estado, una novedosa forma de desplumar al contribuyente. Se abre la puerta al desvío de toda la recaudación fruto de la explotación de un establecimiento hostelero a nivel estatal — la mayor parte de lo cual acaba hoy en un fondo general del estado — a proteger los 1.100 millones de dólares en títulos de deuda del centro de convenciones, si hacerlo eleva "el interés en los títulos". Eche un vistazo al país, dice el antiguo inspector, y podrá ver "un rastro de escombros" al paso de acuerdos comparables de ampliación y subvención de establecimientos. En un municipio tras otro, "el riesgo de pérdidas lo paga el contribuyente". Ahora la legislatura de Boston se dispone a apuntarse al carro. Y Sullivan, acostumbrado desde hace mucho a vigilar el bolsillo del contribuyente, vuelve a verle las orejas al lobo una vez más. |
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