El titular del Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona, José Manuel Martínez Borrego, ha desestimado la acción social de responsabilidad que la actual Junta Directiva del FC Barcelona interpuso contra el expresidente Joan Laporta y 16 de sus directivos, a quienes atribuían unas pérdidas de 47,6 millones de euros en su mandato.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez estima en 4 millones de euros el beneficio del mandato de Laporta, lejos de los 47,6 millones de pérdidas en los que se basaba la demanda, desestimada por el juez si bien el club blaugrana dispondrá ahora de 20 días hábiles para presentar un recurso de apelación.
"Si se ponen en relación las cantidades barajadas en la demanda para determinar la suma reclamada y las cantidades que se ha estimado en la presente resolución que no pueden ser consideradas a tales efectos, sucede que no existen resultados económicos negativos de los que responder", esgrime el juez, que tampoco condena a pagar las costas a los demandados.
Los resultados económicos negativos del ejercicio 2009/2010 serían a efectos del presente pleito de 26.804.000 euros de pérdidas, no los 79.643.000 euros considerados en la demanda del FC Barcelona. El juez llega a esta cifra tras rechazar algunas de las salvedades que incluían las cuentas de Rosell llevadas a la Asamblea donde se votó la acción social de responsabilidad.
De la partida de Sant Joan Despí, el juez reduce 261.000 euros. De los terrenos de Viladecans resta 11.550.000 euros, así como 3.250.000 euros de la partida del concurso de Mediapro. Mucho más bajan las pérdidas del último año de Laporta si se restan 37.778.000 euros de la partida del litigio de Sogecable, como así ha considerado hacerlo Martínez Borrego.
"Sin embargo, como el conjunto de los resultados económicos de los ejercicios 2002/2003 a 2008/2009 asciende a la suma de +30.901.000 euros, la cantidad global del período de los mandatos de la junta presidida por el Sr. Laporta sería de +4.097.000 euros o de +5.202.000 euros en términos de patrimonio neto contable", esgrime el juez en su sentencia, dando 4 millones de euros de beneficio y no 47,6 millones de pérdidas.
La lista de imputados, además del propio Laporta, la formaban los siguientes exdirectivos del club: Magda Oranich, Patrick Auset, Ignasi Macià, Rafael Yuste, Jordi Cubells, Elena Fort, Jacint Borràs, Josep Antoni Colomer, Albert Perrin, Joan Boix, Jordi Torrent, Jaume Ferrer, Xavier Sala i Martín, Alfons Castro, Alfons Godall i Xavier Bagués.
EL ORIGEN DE LA ACCIÓN
Con la llegada de Sandro Rosell a la presidencia del FC Barcelona en las elecciones de 2010, la directiva entrante reformuló las cuentas que había dejado la anterior Junta Directiva presidida por Joan Laporta, con 11,1 millones de euros de beneficios --con cuatro excepciones y tres incertezas--. Tras la reformulación, realizada por la misma firma auditora, se pasó a 79,6 millones de pérdidas en el último ejercicio.
Esta cantidad, sumada al resto de resultados financieros de toda la época de Laporta en la presidencia del club, contemplaba unas presuntas pérdidas de 47,6 millones de euros en su mandato. Rosell y su Junta, en 2010, y amparándose en la Ley del Deporte, decidieron plantear en su primera Asamblea de Socios Compromisarios una acción social de responsabilidad objetiva sobre la anterior directiva para cubrir este déficit.
Así, el 16 de octubre de 2010, la Asamblea de Compromisarios votó la que, en palabras del entonces presidente Rosell, era "la decisión más importante de la historia del Barça". Los 1.020 socios compromisarios asistentes, con un resultado muy ajustado, de 468 votos a favor de la imputación, por 439 en contra y 113 abstenciones --Rosell entre ellos--, decidieron tirarla adelante.
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