El expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos
Fabra, condenado a cuatro años de cárcel por el 'caso Naranjax', ha
ingresado este lunes en la prisión madrileña de Aranjuez, según han
informado a Europa Press fuentes penitenciarias.
La entrada en prisión de Carlos Fabra se ha producido diez días
después de que el Gobierno acordara, el pasado 21 de noviembre, denegar
la petición de indulto solicitada por el exdirigente 'popular', quien
presentó la petición a finales de agosto ante el Ministerio de Justicia tras
la confirmación por el Tribunal Supremo de la sentencia que le condenó a
cuatro años de prisión en el conocido como 'caso Naranjax'.
La Audiencia de Castellón condenó a Fabra, en noviembre de 2013, a cuatro años de
prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, a una multa de 693.074,33 euros y a
indemnizar a Hacienda con la misma cantidad por el total de la cuantía defraudada
durante los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003 más intereses legales.
La sala apreció la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. La petición de
cárcel para Fabra por parte de Fiscalía llegó a alcanzar los 13 años de prisión, una multa
de 1,98 millones de euros y una indemnización de 693.000 euros. Sin embargo, la
sentencia le absolvía de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.
De esta forma, Carlos Fabra ha ingresado en prisión tras un juicio y una sentencia que en
noviembre de 2013 puso el primer fin a un auténtico 'maratón' judicial cuya instrucción se
prolongó a lo largo de una década y de multitud de cambios en el juzgado de Nules
encargado de la causa, por el que pasaron hasta nueve jueces.
Carlos Fabra se sentó el 2 de octubre de 2013 en el banquillo de los acusados para
responder a las acusaciones de tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la
Hacienda Pública en el 'caso Naranjax'.
El que fue hombre fuerte del PP en Castellón durante décadas llegó al juicio con el único
cargo de secretario general de la Cámara de Comercio, puesto que en junio de 2010
abandonó la presidencia de la Diputación Provincial tras 16 años al frente de la
institución, mientras que en julio de 2012 dejó de dirigir el PP provincial. En 2013 también
dimitió como presidente de la promotora del aeropuerto de Castellón (Aerocas), que él ideó
y que aún no está en funcionamiento, tras el auto de apertura de juicio oral.
El origen del proceso se situó en diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar,
propietario de la firma Naranjax y hasta entonces amigo de Fabra, presentó dos querellas
en los juzgados de Nules en las que acusaba al expresidente de la Diputación de cobrarle
dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos
fitosanitarios. A esta denuncia, en 2005, se sumó otra de la Agencia Tributaria por
presunto fraude fiscal, que el juzgado admitió a trámite y anexionó al proceso ya abierto.
Durante todo este tiempo, la Audiencia Provincial de Castellón dictó algunas
resoluciones que posteriormente fueron revocadas por el Tribunal Supremo. La primera de
mayor calado fue en diciembre de 2010, cuando la sección segunda sobreseyó la causa
por supuestos delitos fiscales cometidos entre los años 2000 a 2003 --cuatro de los cinco
por los que estaba siendo investigado-- al considerar que no se había producido un acto
de interposición judicial que interrumpiera el plazo de prescripción de estas conductas.
El TS revocó esta decisión al considerar que no podían declararse prescritos los delitos
fiscales que se le imputaban inicialmente al expresidente del PP de Castellón, acogiendo
así los recursos que habían presentado Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Unión de
Consumidores.
La segunda de mayor relevancia fue cuando la sección primera declaró en mayo de
2012 la nulidad parcial del auto de apertura del juicio oral, tras haber resuelto previamente
la sección segunda que los hechos imputados al expresidente de la Diputación no eran
constitutivos de cohecho. Este hecho suponía que el caso pasaba a ser enjuiciado por un
juzgado de lo Penal en lugar de la Audiencia, con una importante reducción en los años de
condena aparejados a los delitos atribuidos.
AMPARO ANTE EL CGPJ
Esta decisión de la Audiencia provocó que el juez Jacobo Pin, que fue quien concluyó la
instrucción, solicitase amparo ante el Consejo General del Poder Judicial, al creer que la
sección primera había "perturbado" su independencia al "tratar de imponer indirectamente
el sobreseimiento del delito de cohecho" imputado a Carlos Fabra.
El órgano de gobierno de los jueces archivó la petición después de que el TS diera la
razón al juez, ya que acordó remitirle las actuaciones en relación con este caso para que
"con absoluta libertad de criterio" dictase un nuevo auto de apertura de juicio oral, en el
que se incluyó de nuevo la atribución de delito de cohecho.
Durante este proceso judicial, el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón,
Carlos Domínguez, decidió abstenerse de juzgar al exdirigente del PP, tras alegar que tenía
un "trato cordial y afable" con el expresidente 'popular'.
Finalmente, el TS decidió el pasado 23 de julio de este año confirmar la condena
impuesta a Carlos Fabra aunque redujo de dos a un año de prisión la cárcel para su
exmujer, María de los Desamparados Fernández, absuelta del delito contra la Hacienda
Pública del año 2000.
PENDIENTE DEL CONSTITUCIONAL
Tras conocer la denegación de indulto, Carlos Fabra aseguró que era algo que se
esperaba, por lo que no estaba sorprendido y recordaba estar a la espera de la decisión
que adoptara el Tribunal Constitucional respecto al recurso que interpuso en septiembre
contra la sentencia.
Ya en ese momento, avanzaba que estaba a la espera de lo que decidiera el tribunal
sentenciador, dejando entrever que no pensaba recurrir el plazo que le concedieran para
entrar en la cárcel. De hecho, no lo hizo, pero tampoco comunicó a la sala la prisión donde
cumpliría la condena --podía presentarse en cualquiera en España-- y finalmente ha
optado por Aranjuez, cerca de Madrid donde reside su familia. "Yo no prefiero nada. Yo
prefiero estar en mi casa", aseguró a los periodistas al recoger la notificación para el
ingreso en prisión, que ha realizado en el último día de plazo dado por la Audiencia para
hacerlo.
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