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La proporción de inversiones en series en lenguas oficiales en España y europeas no españolas representa el 78,3% del conjunto de la inversión total que han realizado las televisiones en 2018, cuatro décimas más que en el ejercicio anterior (77,9%).
Así se desprende del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el cumplimiento de la obligación de financiar obra audiovisual europea correspondiente al ejercicio 2018.
El organismo estatal ha supervisado un total de 24 prestadores que ofrecen contenidos audiovisuales, que engloban a prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva, prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas que ofrecen canales de televisión y prestadores de servicios de catálogos de programas establecidos en España.
Los prestadores obligados han invertido un total de 389,5 millones de euros en obra audiovisual europea, lo que representa un descenso del 5% con respecto al ejercicio anterior (410 millones de euros).
No obstante, la inversión en series en lenguas oficiales en España ha aumentado en más de un 16%, al pasar de 218 millones de euros en el ejercicio 2017 a un total de 253,3 millones en 2018. En comparación con 2015 (53,83 millones de euros), el crecimiento de la inversión en series alcanza el 370% en los tres últimos ejercicios.
Así, la proporción de inversiones en series, tanto en lenguas oficiales en España como en lenguas europeas no españolas, supone el 78,3% del conjunto de la inversión total que han realizado las televisiones en el presente ejercicio, cuatro décimas más que en el ejercicio anterior (77,9%).
En el extremo opuesto, el porcentaje de inversión en cine ha disminuido. La inversión en 2018 ascendió a 80,5 millones de euros frente a los 84,3 millones de euros de 2017, un 4,7% menos. De este total, 70,3 millones de euros corresponden a inversión en cine en lenguas oficiales en España, el 87%.
La inversión en series de lenguas oficiales en España (253,3 millones) triplica la inversión en cine en lenguas oficiales en España (71,8 millones). La diferencia es aún mayor en el caso de la inversión en series en otras lenguas europeas (51,8 millones), dado que quintuplica la inversión en cine europeo (10,1 millones).
Según señala la CNMC, el 90% de la obligación de financiación anticipada de obra europea se concentra en Atresmedia, Mediaset, RTVE y Telefónica. El resto, 20 agentes, realizan el 10% restante de la obligación, con contribuciones individuales que varían entre el 0,1% y el 1,5% del total.
Asimismo, el informe apunta que la inversión en obra europea de los doce prestadores autonómicos durante 2018 ascendió a 63,35 millones de euros, lo que supone un incremento del 19,85% respecto al año anterior.
En concreto, las mayores inversiones han sido llevadas a cabo por Radio Televisión de Galicia (TVG), seguida de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA (CCMA), Canal Sur TV y Euskal Irrati Telebista (EITB). La CNMC concluye que los prestadores autonómicos han cumplido la obligación.
La Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) obliga a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva, prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas que ofrecen canales de televisión y prestadores de servicios de catálogos de programas establecidos en España, a destinar el 5% de sus ingresos de explotación a financiar obras audiovisuales europeas: películas para el cine y la televisión, series, documentales y películas y series de animación. En el caso de que la empresa sea pública, el porcentaje aumenta hasta el 6% de sus ingresos.
De este modo, el 60% de la financiación debe destinarse a la producción de películas de cine y, a su vez, el 60% de dicho porcentaje a obras en alguna de las lenguas cooficiales de España. En el caso de que la empresa sea de titularidad pública, estos porcentajes se sitúan en el 75% y 60% respectivamente.
La CNMC es la responsable de controlar el cumplimiento anual de esta obligación para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisiva de ámbito nacional. Paralelamente, los gobiernos de las comunidades autónomas efectúan el mismo control para los prestadores de servicio de comunicación audiovisual televisiva que operan en su respectivo ámbito autonómico.
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