La Fiscalía Anticorrupción solicitará este martes más de cien años de
cárcel para los acusados del caso Nóos, de los que entre 18 y 20 los
reclamará para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y casi 17 años para
su exsocio, Diego Torres, a quienes acusa de haber urdido y liderado una
compleja trama de desvío de fondos públicos a través de la cual se
habrían apoderado irregularmente de hasta 5,9 millones de euros.
Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, que precisan
que, del mismo modo, el Ministerio Público reclama que la Infanta Cristina haga frente,
junto a su marido, a una fianza de responsabilidad civil de casi 600.000. También la mujer
de Torres, Ana María Tejeiro, deberá responder, en su caso con el pago de alrededor de un
millón de euros, de las cantidades supuestamente defraudadas por su cónyuge.
Se trata de las principales peticiones que el fiscal Pedro Horrach incluirá en el escrito de
calificación de más de 500 páginas que presentará este martes ante el Juzgado de
Instrucción número 3 de Palma, en el que dirigirá su acusación contra 14 de los 20
imputados de la causa.
La solicitud de pena para el Duque y otros inculpados podría variar 'in extremis' en caso
de que, a última hora, decidan hacer frente al pago de las cantidades presuntamente
malversadas en Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid y, con ello, asuman su
responsabilidad en los hechos.
En lo que a la hermana del Rey Felipe VI se refiere, Anticorrupción considera que no
existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta
habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente
defraudados por Urdangarin en el seno del anterior entramado societario, y más en
concreto a través de una de las mercantiles 'pantalla' que integraban el conglomerado
empresarial: Aizoon.
Y es que la Fiscalía señala que a través de Aizoon, de la que el matrimonio es
copropietario al 50 por ciento y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de
un millón de euros de la trama Nóos, Urdangarin defraudó hasta un total de 337.138 euros
Manos Limpias reclama 26 años y medio de prisión para el Duque
Fiscalía Aizoon Fiscalía Anticorrupción Cárcel9/12/2014 La Fiscalía pedirá hoymás de 100 años de cárcel para los acusados, casi 20 de ellos para el Duque en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.
Para reclamar la caución, Horrach se amparará en el artículo 122 del Código Penal, que
establece que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o
falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía
de su participación", aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos
investigados.
No son las únicas cantidades de dinero que reclamará el fiscal Pedro Horrach, puesto
que tanto Urdangarin como Torres y el resto de inculpados -excluidas Cristina de Borbón y
Tejeiro- deberán hacer frente a una solicitud de unos 6,3 millones de euros en
responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6
millones de euros), Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros).
En concreto, sobre Urdangarin pesan delitos continuados de malversación,
prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil, estafa,
fraude a la administración, dos delitos fiscales y un último de blanqueo de capitales. Los
mismos que sobre Torres, si bien se enfrenta a un solo delito fiscal.
ENTRE DIEZ Y DOCE AÑOS DE CÁRCEL PARA MATAS
En el ámbito balear, entre las más elevadas peticiones de condena se encuentra también
la del expresidente del Govern Jaume Matas, quien se enfrentará a una solicitud de entre
10 y 12 años de cárcel por delitos de malversación, prevaricación, falsedad y fraude. El
resto de exaltos cargos de las islas -el exdirector general de Deportes, José Luis 'Pepote'
Ballester; el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; el del Instituto
Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía y el exasesor jurídico de ésta Miquel Àngel
Bonet- afrontarán peticiones que en conjunto suman unos 20 años de prisión.
En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, el Ministerio Público
solicitará un total de 30 años de privación de libertad para todos ellos. Se trata del
exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Luis Lobón; el exdirector general de
Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela; la exdirectora de Gestión de esta
entidad Elisa Maldonado, y el también exdirector general José Manuel Aguilar.
Finalmente, a cerca de siete años se enfrentará la exconsejera delegada de la Fundación
Madrid 16 Mercedes Coghen, mientras que también engrosarán la lista de acusados la
mujer de Torres por un delito de blanqueo de capitales, y el hermano de ésta y excontable
del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro.
LAS EMPRESAS DEL ENTRAMADO
El fiscal sostiene que para defraudar a las instituciones públicas tanto Urdangarin como
Torres fijaban, a través de sus empresas, precios totalmente desproporcionados por los
servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios
a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de las sociedades
controladas por los dos imputados.
Se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu,
Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, mercantiles de las
que eran propietarios y administradores y que, junto al propio Instituto Nóos, han centrado
el foco de atención de las investigaciones.
LOS FONDOS QUE LAS ADMINISTRACIONES PAGARON A NÓOS
El fiscal Horrach apunta a que mediante este mecanismo, estas entidades se hicieron
con los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes
Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 54.520 euros pagados a
Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes
Balears - Banesto; los 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de
la oficina del proyecto de este equipo deportivo; y los 116.566 del Ibatur por la elaboración
de material promocional del Illes Balears.
Finalmente, detalla cómo el Instituto presidido
por Urdangarin cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid 16 para preparar la
candidatura olímpica de la capital en 2016, trabajos que finalmente no se llevaron a cabo.
La instrucción del caso Nóos llegó a su fin el pasado mes de junio tras más de cuatro
años de investigaciones en torno a las actividades presuntamente irregulares llevadas a
cabo a través del Instituto Nóos. Y es que fue a principios de 2010 cuando las pesquisas
darían sus primeros pasos para acabar estallando de forma definitiva en noviembre de
2011 con el registro de Nóos y de varias de las sociedades a él vinculadas.
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