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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dado a conocer este miércoles el nuevo y actualizado Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio, que ha presentado como “un conjunto de reglas y pautas, unificadas y homogéneas, que permitirá a los agentes policiales una eficaz identificación, correcta recogida de datos y codificación de incidentes racistas, xenófobos o conductas discriminatorias”, lo que mejorará la eficacia policial en la investigación y esclarecimiento de estos sucesos.
Grande-Marlaska, acompañado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, y el director del Gabinete de Estudios y Coordinación, José Antonio rodríguez, ha presidido un acto con el que el Ministerio del Interior se suma a la celebración del Día Europeo en Memoria de las Víctimas de los Delitos de Odio, instaurado por el Consejo de Europa a raíz de la masacre de Oslo y Utoya (Noruega) el 22 de julio de 2011, que provocó 77 muertos, en su mayoría adolescentes, y más de un centenar de heridos.
Al acto asistieron, entre otras autoridades, los directores generales y los directores adjuntos operativos de Policía Nacional y Guardia Civil, así como los integrantes de la comisión de seguimiento del Acuerdo de cooperación institucional para la lucha contra el racismo, la xenofobia, la lgbtifobia y la intolerancia, que engloba a numerosas instituciones del Estado.
En el acto, el ministro ha señalado que el delito de odio “es un ataque a la esencia de la condición humana porque pretende apartar de la sociedad a personas, grupos o comunidades por motivos relacionados con la negativa a asumir un principio nuclear del modelo democrático de convivencia social: que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos”. Por esa razón, la víctima última es la sociedad en su conjunto, “porque busca dinamitar nuestro modelo avanzado de convivencia”.
Para mejorar la actuación policial en este ámbito, el nuevo protocolo incluye una exhaustiva relación de conductas que vulneran tanto el ordenamiento penal como la regulación administrativa, así como un completo listado de los ‘indicadores de polarización’, indicios que permiten orientar la investigación de un delito para detectar posibles motivaciones racistas, xenófobas o de otra naturaleza.
Entre las novedades más destacadas, el documento fija el derecho de las víctimas a la protección, información, apoyo, asistencia, atención y participación activa en el proceso, por lo que deben ser informadas de la existencia de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, un servicio público y gratuito gestionado por el Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas con competencias en la materia, que pueden prestarles asistencia psicológica, acompañamiento en las diligencias judiciales y orientación sobre recursos sociales existentes.
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