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Gobierno vasco propone a ETA un "desarme rápido" | |||
| Con la creación de un comité de desarme | |||
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El Gobierno vasco ha hecho llegar al Comité Internacional de Verificación
(CIV) una propuesta de "desarme rápido, viable y efectivo" basado en "un
gesto unilateral de ETA ante la sociedad vasca, y con cobertura social,
internacional e institucional". Entre los cinco puntos que el Ejecutivo exige a la banda se incluye la creación de un "comité para el desarme" integrado por el Foro social, agentes internacionales representantes Ejecutivo autónomo al que la banda entregará "en un plazo de tiempo comunicado" la localización de sus armas para que el Gabinete Urkullu actúe como "legalmente" proceda. El Gobierno ha hecho pública esta oferta después de que los verificadores hayan anunciado en un comunicado que han recibido informes de ETA de que continúa el sellado y puesta fuera de uso operativo de sus armas y explosivos. Tras conocer el mensaje de la CIV, el Ejecutivo vasco manifestado su "respeto y apoyo a los buenos oficios que desarrollan" los verificadores, y ha adelantado que tenía conocimiento "de la situación de estancamiento en el proceso de desarme que refleja el comunicado". Por ello, ha transmitido a la Comisión Internacional de Verificación que "un proceso de sellado de armas sin verificación efectiva y sin calendario conocido no tiene valor" y ha exigido a ETA un desarme "efectivo". "El costo del no desarme lo paga la sociedad vasca y esto es inadmisible", ha dicho. El Gobierno vasco cree que ETA ha optado por "el desarme mediante sellado no verificado y sin calendario" lo que, "a efectos prácticos y políticos, se trata de una forma de no desarme". Un sellado de armas sin verificación y sin calendario equivale a nada" por lo que cree que "no es un escenario aceptable". Su propuesta incluye cinco pasos, entre ellos que ETA acepte "materializar el desarme ante la sociedad vasca y canalizarlo mediante los buenos oficios de un comité para el desarme con una composición social, internacional, e institucional". Añade que, "en un plazo de tiempo comunicado", la banda armada deberá estructurar el depósito de todas sus armas y explosivos "en un número determinado de almacenamientos localizables y seguros para la población". Paralelamente, agrega, se constituirá "un Comité para el Desarme compuesto por una representación del Foro social que ha venido reuniéndose con el Comité Internacional de Verificación, de los agentes internacionales y por representantes del Gobierno vasco". También se solicitará el apoyo del Parlamento vasco para este comité. "La banda armada deberá hacer entrega de la localización de sus almacenamientos de armas y explosivos a la representación de la sociedad vasca representada en el Comité para el Desarme", añade. Por último, afirma que "esta representación social" entregará esta información al Comité para el Desarme que lo pondrá, a su vez, "en manos del Gobierno vasco para que éste actúe como legalmente proceda". El Gobierno vasco se ha dirigido a ETA y le ha emplazado a asumir esta propuesta "porque representa la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca". "El no-desarme es una hipoteca que ETA obliga a pagar a la sociedad vasca. El desarme es un deuda que ETA tiene contraída con la sociedad vasca". INTRODUCCIÓN En la introducción a su propuesta, el Ejecutivo alude a los más de tres años transcurridos desde que ETA anunciara "el cese definitivo de su estrategia de violencia" y recuerda que, desde entonces, "la sociedad vasca viene encauzando un proceso de consolidación definitiva de la paz y la normalización de la convivencia". En este objetivo, incluye el Plan de Paz y Convivencia aprobado por el Gabinete Urkullu el 26 de noviembre de 2013, cuyo primer fin es "contribuir a hacer realidad la exigencia de desarme y final efectivo de ETA". Aunque califica de "importantes" los "progresos y avances alcanzados tanto social, como institucional y políticamente" cree que "siguen existiendo factores de bloqueo que impiden un pleno despliegue de ese proceso, uno de ellos es el relativo al desarme de ETA". Según manifiesta, desde el principio de la legislatura, el Gobierno Vasco "ha adoptado una posición exigente, activa, flexible y paciente en esta materia", durante la que ha reconocido "las dificultades operativas de un desarme en las condiciones actuales, ha cooperado con los agentes internacionales que tratan de contribuir al desarme, ha pedido colaboración al Gobierno español y ha ofrecido su disposición a colaborar incluso materialmente". Sin embargo, cree que 38 meses es "demasiado tiempo sin ningún resultado efectivo" y afirma que el de enero de 2014 "fue un paso a todas luces insuficiente". A su juicio, "la ausencia de avances y el incumplimiento de compromisos anunciados, incluso públicamente, confirman que ETA se ha instalado en el no desarme". Tras considerar que "esto no es aceptable" porque "tiene un alto coste social y político" considera que "ha llegado la hora de hacer un emplazamiento directo a ETA con una propuesta concreta para un procedimiento rápido, viable y efectivo de desarme". El Ejecutivo autónomo afirma que "el no desarme no es inocuo" porque "la realidad política y social vasca no es la misma con o sin desarme", ya que "impide pasar página", porque "constituye un elemento fáctico y simbólico que nos ancla al pasado y recuerda la amenaza de violencia", supone un "obstáculo real" que "impide el diálogo plural entre partidos o en el parlamento". Añade que "favorece el inmovilismo en materia de política penitenciaria y perjudica a los presos y a sus familias". "El no desarme impide que lo viejo acabe de morir, lo nuevo termine de nacer, en esa medida bloquea la normalización de la izquierda abertzale en el juego político", añade. Por contra, considera que "un desarme unilateral, ordenado, verificado, rápido y efectivo" tendría "efectos positivos en la sociedad vasca, en la política vasca y en el proceso de paz y convivencia". Para el Ejecutivo, ello "permitiría a esta sociedad pasar página de una forma definitiva", favorecería "nuevas dinámicas de diálogo político y parlamentario en los temas estratégicos y en la convivencia", crearía "condiciones favorables para un cambio en la política penitenciaria y en la situación de los presos y sus familias". También "liberaría al sector socio-político de la izquierda abertzale de una buena parte del lastre de su pasado" y facilitaría "su incorporación normalizada al juego político". CAUSAS El Gobierno vasco cree que "no se ha avanzado en el desarme" por "la no colaboración del Gobierno español, la complejidad operativa de un desarme sin colaboración del estado, y el interés táctico de ETA de posponer esta decisión". A su juicio, existen tres modelos de desarme de ETA, uno de ellos, el que se produzca "por incautación policial" que "en un estado de derecho este es un escenario que no puede ni debe descartarse". "Posponiendo su desarme, ETA asume el riesgo de un desarme policial bajo su entera responsabilidad", asegura. Otro sería el acordado con el Gobierno español, "tan perfectamente aceptable como inviable en la realidad política actual", ya que en Estado "no lo acepta". Agrega que el desarme "mediante sellado no verificado y sin calendario" es "el modelo actual por el que ha optado ETA", que, a "efectos prácticos y políticos" es "una forma de no desarme". "Un sellado de armas sin verificación y sin calendario equivale a nada. No es un escenario aceptable", sentencia. Consciente de que "ha llegado la hora de poner encima un emplazamiento directo a ETA", oferta un cuarto modelo, su "Propuesta de procedimiento para un desarme rápido, viable y efectivo, basado en un gesto unilateral de ETA ante la sociedad vasca, y con cobertura social, internacional e institucional". |
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