Residencias de ancianos: ¿hacia un nuevo modelo?

Parece como si hubieran estado delante de nuestros ojos todo este tiempo y no hubiésemos reparado en ellas. Nos referimos a las residencias de ancianos de nuestro país, que, según un cálculo estimado, rondarían las 5400. Quizá hubieran seguido pasando desapercibidas en la celebración, un año más, del Día del Abuelo este mes de julio, si no fuera porque la pandemia se ha cebado con los mayores.

Según datos, provisionales y revisables, recopilados por los ministerios de Sanidad, Derechos Sociales y Ciencia e Innovación, un total de 29.643 residentes en estas instituciones han sido registrados como fallecidos a causa de la Covid-19 y cerca de 90.000 resultaron contagiados. Si a estos centros se suman otros en los que se atiende a personas con discapacidad, muchos de ellos ancianos y que necesitan cuidados especiales, nos encontramos con que entre todos aglutinan el 40% de las víctimas totales del coronavirus en España.

Una tragedia en mayúsculas, de la que no se han librado los trabajadores ni médicos de los centros y por la que existen varias causas judiciales abiertas. Ninguna se ha fallado, de momento, contra la Administración central, ni las autonómicas, ni tampoco contra los directores de las residencias por impedir salir a los ancianos en la fase dura del confinamiento. Así, muchas diligencias de la fiscalía se han archivado al no encontrarse responsabilidad penal.

La búsqueda de esta responsabilidad, si existiese, no debe realizarse de manera global, explican desde DS Legal, despacho especializado en derecho sanitario, sino de manera individualizada; caso por caso, con el fin de determinar si los hechos son achacables a la Administración, a la propia residencia por falta de previsión o a una desatención acreditada del profesional sanitario. Incluso nos podemos encontrar, advierte Álvaro Gutiérrez Cuadrado, con que “los hechos acaecidos en pandemia se entiendan como de fuerza mayor y no haya nadie responsable, aunque entendemos que debe responder alguien por lo ocurrido”.

Lejos de los tribunales, se piden soluciones estructurales para que sucesos tan dolorosos nunca vuelvan a repetirse y con el fin de garantizar el bienestar y la dignidad de nuestros mayores. Desde algunos colectivos, como la Marea de Residencias u organizaciones como Amnistía Internacional, se aboga por criterios unificados que eviten caer en los mismos errores.

En España hay tantas normativas para regular las residencias de mayores como comunidades autónomas, y los criterios pueden llegar a ser muy diferentes. Así, por ejemplo, referido al personal,mientras que en Andalucía, para dirigir una residencia de ancianos, tienes que estar en posesión de una titulación universitaria o tener experiencia relativa al puesto de tres años, en el País Vaso no se especifica competencia alguna. Aragón ni establece número de metros cuadrados por habitación ni camas, mientras que en Madrid se habla de 5m2 por cama y de 7,5 m2 por cama para ancianos asistidos.

Sin embargo, las diferencias estriban en la propia naturaleza de estos centros, a medio camino entre hospitales y hoteles: “Ni lo uno, ni lo otro. Son centros residenciales autorizados para la prestación de servicios. No todo residente es tratado médicamente”.

Lo aclara desde el mismo despacho Mercedes Pérez García, quien explica también que, en nuestro país, no está implantado el sistema de estrellas o de placas de inspección. Mientras que Estados Unidos y Alemania sí cuentan con esta tipificación, aquí la diferencia se basa en la titularidad, que puede ser pública, privada o mixta y que, en ningún caso, exime del cumplimiento de las normas: “Cada comunidad autónoma tiene una norma que regula el sistema sancionador de las residencias y las evaluaciones de calidad de estas. Si el usuario o sus familiares entienden que no cumplen con los requisitos de calidad exigibles, puede denunciar los hechos para que puedan ser investigados”.

En este sentido, con el fin de tranquilizar a posibles familiares y usuarios de estas instituciones, desde DS Legal aconsejan comprobar que la residencia tenga tipo de certificación ISO, de la Organización Internacional de Normalización, o UNE, de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), además de solicitar información sobre los servicios proporcionados y demás información necesaria para valorar la calidad.

Entre dichos servicios, importante, han de contar con atención médico-geriátrica y enfermería, con sus propias dependencias debidamente interconectadas, además de otras áreas individualizadas, como pueden ser la farmacéutica, la de fisioterapia o la de podología, que, aunque no sea equipación médica como tal, tiene gran importancia para los usuarios.

El número de trabajadores por residente también varía por comunidad autónoma, ocupación y turno, aunque desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología se denuncia que los ratios actuales de asistencia son insuficientes.

Con el fin de mejorar esta realidad, el gobierno trabaja en esta línea y ha anunciado una inversión de 730´8 millones de euros procedentes de los fondos europeos, con los que pretende también, anuncia, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

Otros grandes damnificados de la pandemia son estos profesionales sanitarios, que, en palabras de Álvaro Gutiérrez, “se han enfrentado diariamente y durante muchos meses, ahora en menor medida, al cuidado de los residentes sin medios de ningún tipo, y con protocolos de actuación creados casi a diario, lo que les ha hecho, y les sigue haciendo en menor medida, vivir con gran incertidumbre y estrés constante”

Cuando el virus aun no ha sido neutralizado, gobierno central y comunidades se disponen a actualizar sus normativas para adaptarlas a la nueva realidad postcovid. Desde Castilla y León, por ejemplo, el gobierno regional lo ha hecho apostando por la calidad de vida del residente en detrimento de una excesiva restricción.

En esta misma línea, desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, se aboga por un sistema más parecido al hogar y en el que la atención hospitalaria sea domiciliaria en aquellas residencias en las que sea posible.