Dice Pedro Sánchez: “Las leyes se cumplen”…¿ y, en Cataluña, también?

Hemos entrado, sin duda alguna, en una fase en la que nuestros dirigentes, agobiados y presionados por una realidad que les es contraria, van perdiendo la noción de lo que han sido sus recientes palabras para caer, en una amnesia inexplicable, una y otra vez, mediante contradicciones que nos hacen pensar que el improvisar, el rectificar, el vender como posibles determinados experimentos sociales, en momentos en los que la economía no lo permite o el pretender engañar a la ciudadanía con falsas expectativas de recuperación o de perspectivas ventajosas dentro de una Europa que, incluso estando mejor preparada para afrontar una crisis y la guerra de Ucrania, está tomando medidas extraordinarias para afrontarlas que, por supuesto, difieren radicalmente de las que pretende imponernos nuestro gobierno del señor Pedro Sánchez.

Mucho nos tememos que el pretender aparecer como imperturbable, ajeno a cualquier dificultad de las que nos amenazan, con una sonrisa perenne de superioridad y sin que se les permita a los periodistas e informadores preguntarle; ya es un truco que se le está acabando a don Pedro, ante la evidencia de que lo que pretende que nos creamos, sus ataques continuos a la oposición, achacándola de desleal, incompetente y  mentirosa, sus promesas incumplidas y sus artimañas políticas; a copia de repetirse, de incidir en los mismos renuncios y en desengañar a todos los que, inocentemente, dieron por buenas sus palabras; han dado por resultado que su credibilidad vaya disminuyendo y su prestigio, si alguna vez lo ha tenido, haya quedado reducido a mínimos.

Los españoles tenemos que soportar estoicamente el que nos aparezca en la TV, su TV y que, “ex catedra” nos largue una afirmación rotunda sobre el que “En España las leyes se cumplen”, aparte de ser una perogrullada y algo que a nadie se le ocurriría discutir, resulta que, por desgracia, tampoco es cierto. Nuestro presidente del gobierno debería pensar en lo que dice y en el hecho innegable de que existen lugares, autonomías, partidos políticos, incluso con presencia parlamentaria, que se han manifestado abiertamente sobre temas que contradicen abiertamente a la Constitución, negándose a cumplirla y, ni él ni sus ministros, ni los organismos que deberían encargarse de impedirlo, han hecho otra cosa que mirar hacia otro lado, ignorar los incumplimientos legales, contribuir con su actitud de inhibición a darles alas al separatismo catalán y vasco, a la vez que se dejan chantajear para conseguir que, con sus votos, puedan seguir gobernando la nación, aunque ello signifique traicionar a España, su ordenamiento jurídico y al mismo Estado de derecho.

Que el Gobierno, arbitrariamente, sin consultar a las empresas a las que va a afectar la aplicación de la ley de restricción de consumo energía, actuando prescindiendo de lo que se ha llevado a cabo en el resto de la UE, pese a la especial consideración que se ha tenido con España y Portugal, respecto al ahorro de energía, que ha pasado del 15% general para toda Europa a un 7% en el caso de nuestra nación, no parece ser la mejor política. Un Gobierno que cuando legisla, pese a los miles de asesores a los que está pagando, no tenga en cuenta las leyes laborales vigentes que impiden que un trabajador pueda desarrollar su actividad con temperaturas superiores a 25º, ya nos da cuenta del nivel de preparación de nuestros ministros, de la cerrilidad en oponerse a rectificar el error y de su injustificada autoestima que les impide escuchar a quienes, conocedores de los problemas de aplicar una media que afecta de una forma diferente a cada tipo de trabajo y que, evidentemente, tiene que tener la flexibilidad precisa para aplicarla de una manera distinta según el caso lo requiera.

Pero lo indignante, lo que clama al cielo y lo que nos mueve a censurar las palabras del señor presidente, es el hecho, innegable, de que los primeros que se están intentando apoderarse del control de la Justicia son precisamente ellos, los del gobierno socio-comunista que tenemos en España. Ya empezaron nombrando una fiscal general que era evidente que carecía de la más elemental objetividad para ocupar el cargo. 

Cuando ha dimitido han reincidido poniendo a otro fiscal que era la mano derecha de la que ha abandonado el cargo, quedando toda la fiscalía bajo las órdenes del actual gobierno, como ha venido ocurriendo con la abogacía del Estado. Ahora están de nuevo pretendiendo hacerse con el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, con lo que conseguirían tener en sus manos los tres poderes del Estado lo que, a su vez, les permitiría dictar las leyes sin tener que preocuparse de la oposición que, en la actualidad, pudieran tener por parte de los jueces y magistrados.

Claro que el tiempo corre y quieran o no, el malestar se va extendiendo en todas las clases sociales, incluso en la obrera, que está viendo como su poder adquisitivo va mermándose a medida que las dificultades económicas se van agravando, los precios de los artículos creciendo sin cesar y empiezan a vislumbrar el fantasma de un otoño caliente que acabe con el optimismo de lo que ha sido un verano atípico, debido al hecho insólito de que había una gran masa de ciudadanos que llevaban años sin salir de vacaciones y que, este año, pese a las incertidumbres del futuro, han decidido gastarse el dinero en una buenas vacaciones. 

Las encuestas, incluso el mismo CIS, ya no se muestran tan favorables al PSOE y, de persistir ese estado de cosas, ya no digamos si la guerra de Ucrania se prolonga en el tiempo, es muy probable que en un futuro cercano tengamos que recurrir a medidas más drásticas e incómodas, como consecuencia a los efectos de una crisis prolongada.

Y en estas circunstancias el señor Sánchez nos dice que, los que cumplimos siempre las leyes, las cumplamos. Lo que no les ha dicho, a los catalanes y vascos, ha sido que esto de cumplir las normas estatales vigentes, consecuencia de nuestra Constitución de 1978, también les atañe a ellos y que el castellano está considerado el idioma de todos y, en consecuencia, no caben subterfugios, leyes locales ni demás zarandajas para intentar esquivar la obligación de que, al menos, un 25% de las asignaturas lectivas debe hacerse en castellano.

Aquí no caben componendas ni entrevistas más o menos secretas. La Ley nacional es para todos y en Cataluña no vale que esgriman particularidades, inventadas por ellos, para eludir cumplir con las sentencias firmes del TS, el TC y el TSJC. Ni la ley aprobada por el Parlamento catalán es constitucional, ni tienen competencia para ello, ni los intentos de retrasar la ejecución de las distintas sentencias, obligando cumplir la Constitución en el tema de la lengua, pueden ponerse en duda por los ministros o los miembros de la Generalitat de Cataluña, que no tienen facultades para rectificar las sentencias de los tribunales ni impedir su complimiento.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos que lo de cumplir las leyes, como afirma con tanta rotundidad nuestro presidente del Gobierno, no se puede decir que se haga en todas partes como él afirma y hace años que, por desgracia y gracias a la inoperancias de los varios gobiernos de esta nación, que no han sabido impedir el avance del separatismo, hemos llegado a un punto en que la unidad de la nación española se está poniendo en duda y son ya muchos los partidos, las instituciones y algunas autonomías que parece que están dispuestos a convertir nuestra nación en un conjunto de pequeñas entidades soberanas que, como es evidente, lo que propiciarían sería la disolución de España y su entrega a los enemigos que están intentando que esto suceda y que, naturalmente, forman parte de estas izquierdas que hoy tenemos al frente del país.