En el mundo, hay dictadores que ejercen el poder absoluto, y luego están los senadores estadounidenses. Muy pocas personas comprenden el poder que tienen estos 100 individuos del país más poderoso del mundo. De hecho, un solo senador puede bloquear de manera efectiva cualquier legislación. No necesitan dar ninguna razón para ello y, a menudo, lo hacen en secreto. El presidente Joe Biden, que fue senador durante 36 años, lo sabe muy bien, y también es consciente de que necesita el voto de todos los senadores demócratas para aprobar asignaciones de fondos de importancia crítica en la recta final del actual período legislativo, antes de que se produzca la renovación del Congreso en enero.
El senador demócrata del estado de Vermont, Patrick Leahy, el senador que actualmente lleva más tiempo en la Cámara alta, se retira el 2 de enero después de 48 años de servicio. Leahy ha sido un acérrimo defensor de los derechos humanos y autor de la llamada “Ley Leahy”, una legislación que prohíbe al Gobierno de Estados Unidos proporcionar ayuda a regímenes que cometen violaciones de los derechos humanos. El senador Leahy o cualquiera de sus colegas podrían ser artífices de una decisión trascendental en el tramo final de este período legislativo, y salvar vidas, al bloquear cualquier proyecto de ley que apoye a Gobiernos que violan los derechos humanos. Por ejemplo, Egipto.
El actual presidente autoritario de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, asumió el poder después de un golpe de Estado militar ocurrido en 2013. En esta gran ciudad capital de 20 millones de habitantes, la imagen del dictador aparece en fachadas de edificios y postes de luz, así como también en todos los medios de comunicación, que están efectivamente controlados por el Estado. Aunque la cifra real se desconoce, se estima que más de 60.000 presos políticos permanecen encarcelados en Egipto en condiciones deplorables. El destacado escritor, tecnólogo y activista egipcio-británico Alaa Abd El-Fattah es uno de ellos. Alaa fue una figura prominente del levantamiento popular de 2011 conocido como la “Primavera Árabe”, que provocó la caída de Hosni Mubarak, el anterior dictador respaldado por Estados Unidos, que gobernó el país durante 30 años.
Sin embargo, Alaa ha estado en prisión durante la mayor parte de la última década. Su caso logró obtener repercusión mundial cuando Egipto fue sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP27, que se celebró en la ciudad de Sharm el-Sheikh. Alaa llevaba más de 200 días en huelga de hambre en un complejo penitenciario situado en el desierto al norte de El Cairo. El 6 de noviembre, al tiempo que se inauguraba la COP27, Alaa intensificó su ayuno y también dejó de ingerir agua. El 17 de noviembre, el activista recibió la primera visita de sus familiares en casi un mes y les dijo que esa semana había sufrido una experiencia cercana a la muerte. El canciller alemán, el presidente francés, el primer ministro británico y el presidente Biden hablaron directamente con el-Sisi sobre el caso de Alaa. Las autoridades penitenciarias ordenaron una intervención médica en secreto para evitar el escándalo que la muerte de Alaa en plena COP27 hubiera provocado.
El régimen de el-Sisi sobrevive en gran parte gracias al enorme apoyo que le brinda Estados Unidos. Anualmente, Egipto recibe 1.300 millones de dólares en ayuda militar y más de 125 millones de dólares adicionales en ayuda económica. Egipto es desde hace mucho tiempo el segundo mayor receptor de ayuda internacional de Estados Unidos, después de Israel. Esta ayuda se entrega a través de asignaciones anuales de fondos aprobadas por el Congreso, que están sujetas al cumplimiento verificable de las normas en materia de derechos humanos. El Departamento de Estado de Estados Unidos, junto con el Pentágono, supervisa este enorme paquete de ayuda.
Como parte del proceso, el Departamento de Estado debe elaborar un informe sobre los derechos humanos en Egipto. El más reciente de estos informes, de 72 páginas, incluye una larga enumeración de horrores: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles e inhumanos, condiciones de encarcelamiento que ponen en peligro la vida y detenciones arbitrarias. La lista es interminable. Cualquier lectura racional del informe daría como resultado una denegación de la ayuda. Sin embargo, el Departamento de Estado invoca habitualmente una exención de “seguridad nacional” para autorizar la ayuda a pesar de las flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen egipcio.
Laila Soueif, madre de Alaa Abd El-Fattah, es profesora de matemáticas y también una reconocida activista por los derechos humanos. En una entrevista exclusiva que brindó a Democracy Now! desde el apartamento familiar en El Cairo, Laila expresó: “[Estados Unidos] entrena a los oficiales de policía [egipcios] y a los oficiales del Ejército [egipcio]. […]. Toda esta operación es una operación estadounidense. Los helicópteros que usan para rastrear a la gente en el desierto también son de Estados Unidos. Todo este asunto de el-Sisi es una operación de seguridad de Estados Unidos. Realmente, Estados Unidos puede decidir, si quiere, que el régimen haga esto o aquello, o que no lo haga”.
La familia de Alaa ha estado luchando incansablemente por su liberación, lo que significa afrontar un gran riesgo. La hermana menor de Alaa, Sanaa, de 28 años, también ha pasado tres años en prisión a causa de su activismo. Sentada junto a su madre, Sanaa dijo a Democracy Now!: “Estados Unidos financia al régimen, financia la opresión [que ejerce este régimen] y, por lo tanto, tiene responsabilidad. No estamos hablando solo de “influencia”, como si Estados Unidos no fuera una parte interesada. [Estados Unidos] es parte de todo esto, una gran parte de esto. [El Gobierno estadounidense] envía 1.300 millones de dólares en ayuda militar a Egipto cada año”.
En una fotografía tomada durante la COP27, el presidente Biden aparece riéndose junto al dictador egipcio. El-Sisi también ha sido invitado a la Cumbre de Líderes de Estados Unidos y África que se celebrará el próximo mes en la Casa Blanca. Según se informa, al igual que cualquier autócrata alineado con Occidente que busca legitimidad, el-Sisi intenta tener una reunión cara a cara con Biden.
El presidente Biden debería dirigir todos sus esfuerzos a lograr la liberación inmediata de Alaa Abd El-Fattah y de muchos otros presos políticos egipcios antes de concederle a el-Sisi una reunión privada en la Casa Blanca. Mientras tanto, como broche de oro de su trayectoria, el senador Patrick Leahy debería bloquear —con el acompañamiento de otros senadores— la asignación y envío de más ayuda militar a Egipto hasta que Alaa sea liberado.
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