Derecho a una vivienda digna

El mercado de la vivienda y el de alquileres y compraventa no está pasando su mejor momento. Al contrario, se contratan menos hipotecas en España, por la subida del precio de los pisos nuevos y de segunda mano. En relación con los alquileres mucha gente se retrae también y es entendible. Existe la posibilidad de compartir piso para muchos jóvenes europeos y también a nivel mundial. Aunque desde el aspecto de la convivencia, puede plantear problemas en bastantes casos. Es lógico que cada persona, independientemente de su edad, quiera privacidad e intimidad, y esto no es posible en muchas situaciones. Respecto a los pisos diminutos pueden producir ansiedad y depresión a los inquilinos o compradores que viven en ellos, según confirman los psicólogos o especialistas en conducta.

Se entiende sin muchas explicaciones, que pisos de 20 o 25 metros cuadrados, aunque sean para una persona, son insuficientes para llevar una vida agradable y normal, por una falta espantosa de espacio vital. El derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución española y en los Derechos Humanos y se comprende también que deben tener una extensión mínima suficiente, por cuestiones de salud mental y física. El sistema legal y las inspecciones deberían servir para que todos los pisos que se construyen, en cualquier parte del territorio nacional, sean realmente habitables con dignidad, lo que presupone un espacio básico irrenunciable. Da igual que la publicidad adorne lo escasez terrible de espacio, con una supuesta belleza del inmueble, no es suficiente y eso no engaña a nadie con sentido común.

La nueva ley de la vivienda en España, que ha sido aprobada hace unos días, aumenta la protección a los inquilinos respecto a los propietarios. Es lógico ya que es la parte más débil, si pensamos en millones de jóvenes, adultos y mayores que desean vivir con dignidad y no pasar una considerable parte de la vida pagando una hipoteca, por ejemplo.

Las agencias inmobiliarias dicen que van a empeorar las situaciones de los que alquilan, porque los propietarios serán más reacios a alquilar, con la nueva ley de vivienda, pero lo que no se puede es dejar desprotegidos a los ciudadanos que alquilan viviendas o que las compran. Una vivienda es algo de primera necesidad, no es un capricho. Es preciso que exista un equilibrio justo de condiciones o requisitos económicos entre propietarios e inquilinos.

La compra de viviendas ha disminuido muchos estos últimos años debido probablemente a los efectos económicos de la pandemia sufrida y a otras causas, como la inflación generalizada, que sigue subiendo y que puede endeudar a muchas personas y familias. Ante esta situación mucha gente opta por no arriesgarse y no compra vivienda, prefiriendo vivir de alquiler, que puede ser algo más barato y permite más flexibilidad, a través de los años.

Otra de las causas de la notable reducción en la compra de viviendas es el trabajo precario, que es algo muy común para muchas personas y esto plantea un horizonte de relativa incertidumbre, que no es algo asumible para muchos.

Los trabajos temporales y las medias jornadas impiden que aumente el nivel de compra de viviendas. Lo del trabajo fijo o indefinido no fijo suele estar reservado para funcionarios de carrera y para algunas profesiones y empresas privadas, pero debería ser lo habitual para que un gran número de ciudadanos se atrevieran a contratar hipotecas, sin miedo al presente ni al futuro. También es cierto que existen las hipotecas inversas y otras modalidades, para impulsar la reactivación del sector. Si bien los bancos tienen deberes que realizar para mejorar notablemente sus productos bancarios, de cara a los clientes de los que viven. No puede ser que se pongan intereses altos y que en lo que se ahorra no den prácticamente interés y se tengan que pagar gastos de mantenimiento por los depósitos. Todos los bancos deberían estar obligados legalmente a ofrecer, independientemente de la edad, hipotecas a 18 o 20 años, ya que están los seguros de vida y otros productos y condiciones que pueden garantizar el pago.  Porque de esa forma, en los préstamos hipotecarios a interés fijo las cuotas mensuales bajan mucho, como es lógico, aunque los compradores pagan más intereses hasta el final.

En conclusión, este tipo de cambios o mejoras son imprescindibles para aumentar la confianza de la ciudadanía. Hacen falta millones de pisos baratos y protegidos por el Estado, ante la excesiva especulación sin control, puesto que hay millones de personas que necesitan viviendas dignas.