Esta semana se cumple un año desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, una norma aprobada 'in extremis' al final de la pasada legislatura que prometía mejorar las posibilidades de acceso a la vivienda asequible, especialmente a las personas jóvenes y en situación de vulnerabilidad, así como proporcionar instrumentos a las Comunidades Autónomas para el control de los precios del alquiler y el aumento del parque de vivienda en alquiler social.

Esta semana se cumplen seis meses de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda y desde Fotocasa Research se ha preguntado a inquilinos y propietarios sobre las expectativas que tienen y esperan de esta nueva normativa. Así, las perspectivas con respecto al impacto de la ley de vivienda son negativas para todos los colectivos involucrados en el mercado de la vivienda, independientemente de a qué sector pertenezcan.

La Ley de la Vivienda ha acaparado la actualidad política de los últimos meses y su futuro está en tela de juicio a pesar de que entró en vigor el 26 de mayo. Numerosas formaciones han asegurado en reiteradas ocasiones su oposición a la ley y propietarios e inquilinos tienen serias dudas sobre las modificaciones que podrían ponerse en marcha, tras el resultado de las elecciones generales del 23 de julio.

Pese a que la intención de la nueva Ley de Vivienda es facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, establecer topes en el precio del alquiler y regular los impuestos a grandes tenedores, son muchos los economistas y expertos inmobiliarios que apuntan que los efectos de esta nueva legislación pueden ser totalmente contrarios y provocar una reducción de la oferta y una mayor segmentación del mercado.

El mercado de la vivienda y el de alquileres y compraventa no está pasando su mejor momento. Al contrario, se contratan menos hipotecas en España, por la subida del precio de los pisos nuevos y de segunda mano. En relación con los alquileres mucha gente se retrae también y es entendible. Existe la posibilidad de compartir piso para muchos jóvenes europeos y también a nivel mundial. Aunque desde el aspecto de la convivencia, puede plantear problemas en bastantes casos.

El sector inmobiliario lleva meses avisando de que el límite al precio del alquiler que incluye la Ley de Vivienda y la prórroga de seis meses a los alquileres que terminen antes del 30 de junio, entre otras medidas, pueden reducir la oferta y aumentar los precios en zonas no reguladas. Cabe destacar que en Berlín se tomó una medida similar, conocida como ley Mietendechkel, que provocó un descenso de 40% en la oferta de viviendas en alquiler nada más aprobada.

El Gobierno aprobó la desvinculación de las actualizaciones de los contratos de alquiler del IPC, para indexarlos al Índice de Garantías de Competitividad (IGC) que establece un 2% como valor de referencia. Este índice fija las subidas del precio de las renovaciones de los contratos de arrendamiento en un 2% como máximo. Con la nueva Ley de Derecho a la Vivienda se estipulará que este límite del 2% se prorrogue durante 2023, y para 2024 se establecerá un nuevo máximo del 3%.

El plan de vivienda de Pedro Sánchez es meramente electoralista, a la vez que contradictorio y sin garantías de éxito. A algunos, llegadas las elecciones, y ante el nerviosismo de hacer el ridículo, se les llena la boca de pisos y lo mismo les da decir treinta mil que cincuenta mil. Lo que sí se echa en falta es un plan que contenga medidas claras, sin contradicciones y, a ser posible, que esas estén contrastadas.

Esta contundente sentencia, sacada del acervo popular, se refería a la multitud de “cosechadores en campo ajeno” y mangantes en general, que pululaban por los campos en tiempos de penuria. Hoy en día el “campo” de acción de los desvergonzados ha pasado del agro a las propiedades de todo tipo que están amenazadas por las garras de los espabilados que nos rodean y a los que, a veces, aplaudimos.

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) ha adelantado hoy el dato sobre la situación que afrontan las y los autónomos con respecto al pago del alquiler y de la hipoteca de sus locales. El estudio, que será publicado de forma completa en los próximos días, refleja que el 21,8% de las y los autónomos ha experimentado una subida en el precio del alquiler de su local en el último año.

La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha mostrado su preocupación por el retraso que ha sufrido la tramitación de la ley de vivienda, que el Gobierno tenía previsto aprobar hoy, y pidió que se apruebe lo antes posible con el fin de hacer frente a la desprotección que durante años vienen sufriendo los consumidores para acceder a un derecho fundamental.