El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, ha revelado que el Gobierno contempla una "reforma interna" de la Fuerza Pública --policías y militares-- para hacer frente a las "importantes amenazas" de seguridad que surgirán tras el fin del conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Faltan "meses". Apenas unos "meses" para rubricar el acuerdo que ponga el punto final a una guerra de más de medio siglo entre el Estado y las FARC. El obstáculo en este último tramo de las negociaciones son, principalmente, los flecos sueltos en torno a la desmovilización y el paso a la vida civil de los guerrilleros.
"Es normal en una negociación tan tensa y compleja que al final queden temas difíciles y esos temas requieren decisiones y, si se toman decisiones rápidas, se puede terminar relativamente rápido; si no, toma más tiempo", ha dicho Jaramillo en una entrevista concedida a Europa Press durante su breve estancia en España.
Como "ejemplo" de estos aspectos espinosos, ha mencionado las zonas del territorio colombiano en las que se concentrarán los guerrilleros tras la firma del acuerdo de paz y hasta su plena reincorporación a la vida civil. "En eso estamos muy cerca de un acuerdo", ha avanzado.
El éxito de este paso clave en la transición hacia la paz depende en gran medida de las "garantías de seguridad" que el Estado proporcione a las FARC en estas zonas de concentración, ya que, una vez desarmados y desmovilizados, los ex guerrilleros quedarán expuestos.
"Por supuesto", ha respondido Jaramillo interrogado sobre si el Estado garantizará la seguridad de las FARC en este ínterin. "Esto es un trato: usted deje las armas de manera ágil y reincorpórese a la vida civil, haga una transformación política, y mi obligación es darle todas las garantías de seguridad", ha razonado.
Para las FARC la principal amenaza a su existencia post revolucionaria son los paramilitares y, en consecuencia, han pedido al Gobierno una estrategia específica contra ellos. Jaramillo ha defendido que en realidad "estamos hablando de las bandas criminales".
"El Gobierno opina que son grupos del crimen organizado que hay que combatir con las herramientas con las que se combate el crimen organizado", ha afirmado. "La pregunta es en qué estado están y cuál es su condición", ha considerado.
El asesor de paz de la Casa de Nariño ha coincidido en que "hay que intensificar el combate" contra estos grupos porque "no son solo una amenaza para las FARC, sino para cualquier programa de construcción de paz en el territorio".
"Por eso es tan importante comenzar rápidamente a implementar los acuerdos en materia de desarrollo alternativo y sustitución de cultivos ilícitos para tener la posibilidad de ocupar esos territorios, de transformar esas regiones, y no permitir que esas bandas lleven a que los campesinos se mantengan en el cultivo de coca", ha explicado.
NUEVO PARADIGMA
Más allá de las medidas adoptadas para dar "una respuesta efectiva a cualquier amenaza a las FARC", el Gobierno se plantea la necesidad de llevar a cabo una reestructuración de la Fuerza Pública para neutralizar también las amenazas a la construcción de la paz.
Jaramillo ha contado que se trata de "medidas que pueda tomar el Gobierno de modernización de las Fuerzas Militares" frente a "nuevos escenarios". El Alto Comisionado ha recalcado que son iniciativas al margen de la mesa de La Habana, "decisiones que se toman en Bogotá".
"Lo importante ahora es ver cuál es la naturaleza de las nuevas amenazas y qué tipo de reformas internas hay que hacer para enfrentarlas de la manera más efectiva, porque por firmar un acuerdo con las FARC no se va a resolver todo el problema de la seguridad en Colombia, continuarán existiendo importantes amenazas a la seguridad", ha asumido.
Interrogado sobre la posibilidad de capacitar a policías y militares en Derechos Humanos, Jaramillo ha afirmado que, "sin exageración", las fuerzas colombianas son de las que más formación han recibido en esta materia en todo el mundo.
Sin embargo, ha reconocido que se trata de "un tema muy difícil y complejo". "Lo que pasa es que hubo unos casos gravísimos en su momento que tuvimos que enfrentar con mucha firmeza, que fueron los casos de 'falsos positivos'", ha recordado, en alusión a las ejecuciones de campesinos para hacerlos pasar por guerrilleros.
DOS MESAS, UN PROCESO
Mientras el Gobierno y las FARC rematan un largo proceso de casi cuatro años, apenas comienza el diálogo que el Ejecutivo de Juan Manuel Santos ha acordado iniciar públicamente con la segunda guerrilla colombiana: el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Estaba previsto que la primera ronda de negociaciones arrancara el próximo mes en Ecuador, uno de los seis países garantes del proceso con el ELN, pero el terremoto de 7,8 de magnitud en la escala Richter que sufrió la semana pasada, ha suscitado dudas sobre el calendario.
En cualquier caso, Jaramillo ha confesado que la "expectativa" del Ejecutivo es que las negociaciones con el ELN avancen a un ritmo más rápido que en La Habana porque, si bien "es una organización distinta", "la visión del Gobierno es que el proceso de terminación del conflicto es uno".
"Yo confío en que el ELN reconozca eso (...) y que se pueda hacer de manera más ágil porque finalmente de lo que se trata es de implementar reformas en los territorios y no de estar sentados discutiendo eternamente en una mesa de negociación", ha apostillado.
Jaramillo ha destacado que el camino recorrido hasta ahora "no ha sido fácil" pero al mismo tiempo ha valorado que "esto más que una negociación con un grupo es un momento histórico que llega y hay que aprovechar". "Todos los colombianos somos conscientes", ha dicho.
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