Gráfico de la publicidad en algunas televisiones comerciales |Foto de la CNMC

Las personas con discapacidad son casi el 10% del total de la población en España y, en cambio, los anuncios emitidos en los que existe presencia de personas con discapacidad suponen menos del 1% del total, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que ha analizado 4.000 comunicaciones comerciales en televisión.

El informe concluye que toda la publicidad institucional emitida, tanto en los canales públicos como privados, incluye el subtitulado. A partir de 2024, se exigirá también audiodescripción y lengua de signos, además de promover los formatos que aseguren la accesibilidad cognitiva.

Respecto al resto de publicidad emitida en el conjunto de canales analizados por la CNMC (públicos y privados), sólo incluyeron subtitulado un 8,7 % del total de la muestra, la audiodescripción sólo en el 0,5 %, y un 0 % respecto al servicio de lengua de signos.

Sobre la presencia de personas con discapacidad en la publicidad es prácticamente nula: de casi 4.000 anuncios analizados, las únicas excepciones son un anuncio de carácter institucional del Comité Paralímpico Español, y algún anuncio inclusivo en la publicidad dirigida al público infantil.

Por operadores, los prestadores privados incluyeron el servicio de subtitulado en el 7,4 % de sus spots, la audiodescripción se presenta de forma muy residual (0,5 %) y el signado es inexistente. Por su parte el prestador público únicamente introduce el servicio de subtitulado en la publicidad institucional.

Tras el análisis de estos datos, la CNMC manifiesta que "queda claro que, al margen de las comunicaciones comerciales que deben respetar imposiciones legales, la accesibilidad y la presencia de personas con discapacidad en la publicidad resulta muy residual".

Por este motivo, la CNMC pide a anunciantes y prestadores audiovisuales un esfuerzo para conseguir una presencia adecuada e integradora de las personas con discapacidad, especialmente a través de los correspondientes acuerdos de autorregulación.