El impacto del alquiler turístico en la oferta de vivienda en España

La crisis de la vivienda en España se ha intensificado en los últimos años, convirtiéndose en una de las preocupaciones más urgentes para millones de ciudadanos. Durante el mes de noviembre, Diario Siglo XXI analiza este problema desde diversas perspectivas, destacando, en esta ocasión, una de las principales causas de la falta de acceso a vivienda: el auge del alquiler turístico. Este fenómeno ha transformado el uso de inmuebles residenciales en zonas clave, agravando la escasez y aumentando los precios de los alquileres permanentes.

Imagen de Eduardo Parra - Europa Press

Un turismo en expansión, una vivienda en declive

España, con su atractivo histórico, cultural y climático, sigue batiendo récords turísticos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 el país ha recibido más de 85 millones de turistas internacionales, superando incluso los niveles previos a la pandemia. Este auge ha impulsado a muchos propietarios a destinar sus inmuebles al alquiler turístico, motivados por la alta rentabilidad que ofrece esta modalidad frente al alquiler residencial.

El impacto es especialmente visible en las grandes ciudades y destinos turísticos. En Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla, así como en las Islas Baleares y Canarias, la oferta de vivienda para alquiler residencial ha disminuido drásticamente. Según el Banco de España, en 2024, cerca del 10% del mercado inmobiliario español, lo que equivale a unas 350.000 viviendas, está destinado al alquiler turístico y de temporada.

Efectos sobre los residentes

La proliferación del alquiler turístico ha reducido significativamente la disponibilidad de vivienda para los residentes permanentes, disparando los precios de los alquileres. Informes recientes de Idealista revelan que en octubre de 2024, el precio medio del alquiler en España alcanzó los 13 €/m², lo que representa un incremento interanual del 10,2%. En ciudades como Barcelona y Madrid, los precios superan los 15 €/m², dificultando el acceso a viviendas asequibles para muchas familias.

Más allá del impacto económico, el alquiler turístico también ha alterado el tejido social de numerosos barrios. En áreas como la Barceloneta en Barcelona o el casco antiguo de Sevilla, la transformación de viviendas en alojamientos turísticos ha provocado la expulsión de residentes de larga data, mientras que los servicios locales se adaptan exclusivamente a los visitantes temporales. Este fenómeno de ‘gentrificación’ no solo fragmenta comunidades, sino que también compromete la sostenibilidad urbana.

Políticas locales y su eficacia

Ante esta problemática, distintas administraciones han adoptado medidas para regular el mercado del alquiler turístico. En Barcelona, por ejemplo, el Ayuntamiento ha endurecido las restricciones, exigiendo licencias específicas para operar y sancionando a quienes incumplan la normativa. Valencia ha establecido zonas de exclusión donde se prohíbe el alquiler turístico, mientras que en las Islas Baleares se han limitado las licencias en ciertas áreas saturadas.

Además, en octubre de 2024, el Gobierno español aprobó un Real Decreto que regula los alquileres de corta duración, incluyendo el turístico, con la intención de establecer un registro nacional que entre en funcionamiento en 2025. Estas medidas buscan controlar el impacto del turismo sobre el acceso a la vivienda y garantizar un uso más equilibrado del parque inmobiliario.

Sin embargo, la eficacia de estas políticas es desigual. En muchas ciudades, la falta de recursos para inspecciones y el aumento del mercado ilegal dificultan la implementación de las normativas. Además, algunos expertos advierten que estas restricciones podrían desplazar la actividad turística a zonas no reguladas, exacerbando los problemas en áreas periféricas.

Imagen de Rober Solsona - Europa Press

Un conflicto de intereses

El alquiler turístico representa un claro conflicto entre dos sectores fundamentales para la sociedad española: el turismo, que genera más del 12% del PIB, y el derecho a la vivienda, consagrado en la Constitución Española. Este modelo enfrenta a los intereses económicos de propietarios e inversores con las necesidades básicas de los residentes.

Para abordar este dilema, los expertos abogan por soluciones integrales. Entre las propuestas más destacadas se encuentran la promoción de un turismo sostenible, la incentivación fiscal para propietarios que opten por el alquiler residencial, y el aumento de la inversión en vivienda pública y social. Actualmente, España destina menos del 1% de su PIB a políticas de vivienda, situándose muy por debajo de la media europea.

Mirando al futuro

La regulación del alquiler turístico es un paso necesario, pero insuficiente, para resolver la crisis de la vivienda en España. A medida que el turismo sigue creciendo, será crucial equilibrar sus beneficios económicos con el derecho a un hogar digno para los residentes.

En palabras de urbanistas y sociólogos, las ciudades deben priorizar a quienes las habitan permanentemente, sin renunciar al atractivo que ofrece el turismo. Este desafío no solo define el futuro de las políticas de vivienda, sino también el carácter de las ciudades españolas como espacios inclusivos y sostenibles.

Mientras tanto, para miles de familias, el acceso a una vivienda digna sigue siendo una aspiración más que una realidad. Diario Siglo XXI, comprometido con este tema a lo largo de noviembre, continuará examinando las causas y soluciones de esta problemática crucial para el país.