Hoy tendrá lugar en el Centro Cultural Buenavista de Madrid un acto “en defensa de nuestra libertad” convocado por la Plataforma Libertad 2.0, a lo largo del cual se expondrá por qué la Ley Sinde, verdadero despojo legal, es una ley totalitaria, cuyo único fin es reintroducir la censura previa en nuestro ordenamiento jurídico, así como otorgar privilegios a los amigos del poder en contra de los ciudadanos. Es decir, una ley socialista.

Como todos ustedes, amigos internautas sabrán, el Ministerio de Economía de Elena Salgado, a instancias del de la señora que vivía del cine y ahora reparte subvenciones entre la gente del cine, introdujo de espaldas a todos y pleno desconocimiento de las Nuevas Tecnologías o analfabetismo digital, una disposición final primera en la Ley de Economía Sostenible –la economía española no se sostiene por ningún lado como ha quedado evidenciado esta misma semana con la rebaja del rating de nuestra deuda y el 20% de paro- mediante la cual se sustraen los conflictos entre particulares a la jurisdicción que le corresponde, que es la civil y/ó mercantil, para trasladarla a la jurisdicción contencioso-administrativa. Vamos, que si esa ley entra en vigor tal y como está redactada el ciudadano ya no deberá ver (sólo) como sujeto digno de desprecio, más que Hacienda, a la SGAE, sino al gobierno, que será quien persiga, en nombre de una entidad privada, a las personas. Además, conductas no punibles hasta la fecha, como los enlaces –la Justicia ordinaria venía dando la razón una y otra vez a los internautas y condenando a la SGAE al pago de costas; esto también se lo ahorrarán los de Teddy Bautista-, pretenden ser, con la excusa de los derechos de autor, motivo de cierre de páginas. ¡Como si todo internet no estuviera basado en los enlaces!

Por otro lado, la Ley Sinde creará la policía del pensamiento. A tal fin Rodríguez Zapatero, responsable último de la medida, ha decidido que el cierre o no de una página web dependerá de un comisariado político al cual han llamado “Sección Segunda” (SS) y al que ahora para disimular se refieren como “comisión de propiedad intelectual”, que estará formado por personas designadas por el Congreso de los Diputados, esto es, por los políticos. Los jueces se limitarán, sin entrar en el fondo de la cuestión, a ejecutar las disposiciones de los comisarios políticos. Comisarios a los cuales en la red alguno empieza a ponerle nombre y apellidos. No me sorprendería lo más mínimo. En todo caso, habrá que estar atentos. Sin duda en unos meses las cosas se precipitarán.

Desde el grupo de Facebook “Manifiesto”, al cual se han adherido más de 230.000 personas, se anuncian acciones legales por prevaricación contra los miembros del comisariado político. Libertad 2.0, por su parte, instará, caso de mantenerse el anteproyecto en los términos en los que está redactado hoy, a los SS a cumplir con su propia ley… denunciando al gigante al cual no se le escapa un solo enlace, Google. Todo un reto para el gobierno. Porque… ¿será la ley igual para todos o quedará a la discrecionalidad de un grupito de amiguetes del poder el decidir quién puede hablar y quién no? ¿Democracia o dictadura? Jaque mate. La respuesta es evidente. Aunque siempre pueden hacer lo que el desprestigiado Tribunal Constitucional, que es no contestar en años. Por eso de la inmediatez de la Justicia y la democracia.