El fallo del Tribunal
Supremo por el que se condena al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón
a cumplir once años de inhabilitación profesional, ha provocado un aluvión de
consideraciones por parte de los grupos políticos.
La sentencia, que obligará
a Garzón a abandonar la carrera judicial ha originado opiniones enfrentadas
entre los dirigentes institucionales.
Uno de los primeros en
salir a la palestra ha sido el ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón
quien ha declinado hacer valoraciones sobre el dictamen del Tribunal Supremo.
El dirigente popular ha manifestado que “"el Gobierno, en este, como en todos
los casos en los que haya un pronunciamiento del poder judicial, no hará ningún
tipo de valoración política".
El ministro ha remachado a los periodistas que “existe una valoración única
y exclusiva de respeto absoluto hacia las decisiones de los magistrados”.
En sintonía con las declaraciones del ministro de justicia, su compañera
de partido y Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre ha
expuesto que “los fines no pueden
justificar los medios, y esa es la esencia del Estado de Derecho".
Esta consideración la ha
vertido tras una cuestión formulada por el dirigente de IU-Madrid, Gregorio
Gordo quien replicaba que “hoy era un día triste para la democracia”.
Esperanza Aguirre, en un arrebato de euforia ha replicado que no cree
que “IU esté a favor de la impunidad, cualquiera que incumple la ley debe ser
condenado. La imputación a Garzón por tres delitos graves la han hecho 15
magistrados del Supremo por unanimidad, así que yo creo que es un día muy
alegre para la democracia y no muy triste"
El flamante secretario
general de la bancada socialista, Alfredo Rubalcaba ha declarado a través de la
red social Twitter que respeta todas las sentencias pero que “algunas me entristecen. Hoy me acuerdo de
la lucha que hicimos juntos contra ETA", ha escrito.
En sentido amplio, los diversos dirigentes socialistas que se han
pronunciado sobre el caso han manifestado una profunda contrariedad ante la
sentencia que inhabilita a un antiguo compañero de filas. Sin embargo, han
manifestado una postura diplomática al “respetar todas y cada una de las
sentencias que desarrollan las instituciones judiciales”.
El exministro socialista, Francisco Caamaño ha recalcado que no conocía
el pronunciamiento judicial por lo que sólo podía expresar su "respeto".
"Hasta que no salga la sentencia tampoco puedo hacer ningún tipo de
valoración" ha comentado.
Izquierda Unida por su parte ha exhibido una línea argumental mucho más
crítica que sus colegas en el Congreso.
El líder federal de la formación, Cayo Lara ha sido contundente en su declaración
sobre el fallo del Supremo: “nos llama poderosamente la atención la celeridad
del Supremo para condenar a un juez que persigue delitos de presunta corrupción
mientras los presuntos corruptos todavía no se han sentado en el
banquillo".
El portavoz en la Cámara Baja ha añadido que a partir de ahora “vamos
a tener dificultades para explicarles a nuestros hijos que los buenos fueron
condenados y los malos no se han sentado en el banquillo".
Su compañero de partido, el dirigente asturiano Gaspar Llamazares ha
representado una de las voces más discrepantes contra la sentencia judicial. El
exportavoz de IU en el Congreso de
los diputados ha manifestado que “es una injusticia monstruosa”. “Es
un linchamiento y un escándalo
que no respeto ni acato” ha respondido ante las preguntas formuladas por los
periodistas parlamentarios.
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