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El Gobierno limita el sueldo fijo de los directivos de empresas públicas | |||
| También recortará cerca de 100 consejeros para ahorrar un millón de euros en dietas | |||
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El Consejo de Ministros ha aprobado establecer un límite máximo de 105.000 euros en el salario básico de los directivos de las empresas públicas, aunque este tope varía en función del tamaño de la entidad y otros factores, como la cifra de negocio, la necesidad o no de financiación pública o el volumen de inversiones. Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el límite de 105.000 euros se fijará en las empresas públicas de mayor tamaño, que formarán parte del grupo “A”, mientras que en las de una dimensión intermedia (“B”) el máximo serán 80.000 euros y en las más pequeñas (“C”) no podrán superar 55.000 euros. Este tope se aplicará sobre el denominado sueldo “básico”, al que se sumarán las retribuciones variables, que no podrán superar un porcentaje del tramo fijo que establecerá el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este tramo variable incluirá un “complemento de puesto” en función del cargo que el directivo ocupe en la entidad, y se podrán añadir otros conceptos que fijará Hacienda. Sáenz de Santamaría destacó que este límite supondrá una reducción de los salarios de los directivos de entre el 25% y el 30%, aunque en las entidades más pequeñas la reducción es “muy superior” y se sitúa por encima del 35%. CONSEJEROS Además, el Ejecutivo fija un máximo en el número de consejeros que podrán tener estas empresas públicas. En las más grandes el límite se sitúa en 15 consejeros, en las medianas en 12 y en las pequeñas en 9. Según la vicepresidenta, esta medida supondrá en un principio la supresión de, por lo menos, un centenar de consejeros. Según la vicepresidenta, esta reducción supondrá un recorte del gasto de cerca de un millón de euros sólo en las dietas pagadas a los consejeros. Sáenz de Santamaría explicó que estas medidas forman parte de un acuerdo por el que el Ejecutivo solicita un dictamen urgente al Consejo de Estado sobre el proyecto de real decreto que regula el régimen retributivo en el sector público empresarial. La portavoz del Ejecutivo destacó que estas iniciativas buscan “potenciar la transparencia para que los ciudadanos conozcan las retribuciones de los directivos del sector público”, para lo que se establecen “criterios homologados de retribución”. Sáenz de Santamaría apuntó que los límites establecidos son “sensiblemente inferiores a los del sector privado, pero lo suficientemente razonables para empresas públicas que son propiedad del Estado”. |
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