Estamos en manos de mafiosos

Casi todos hemos crecido familiarizándonos con el concepto de mafioso, puesto que las películas americanas que inundan de forma mayoritaria tanto las salas de cine como las televisiones nos han ido transmitiendo esa mezcla de romanticismo y fascinación por lo mafioso. Un mundo que por un lado se reviste de trajes elegantes, cenas lujosas y relaciones de respeto (a veces formal, a veces interesado), donde los jefes de las bandas mafiosas y sus miembros hacen celebraciones y compadreo. Así a vuelapluma Uno de los nuestros, El ojo público o una historia del Bronx son tres reflejos de parte de esa intrahistoria.

Pero más allá de la elegancia y la camaradería, del enfrentamiento entre rivales y de la defensa de los ‘intereses’ de la familia, más allá de la tolerancia o el compadreo con las autoridades, está toda la realidad anónima que soporta, indefensa, la tiranía de los violentos. Tiendas que pagan un canon ‘para protegerlas’, empresarios que pagan un porcentaje de la adjudicación ‘para no tener problemas’, todo tipo de ciudadanos indefensos ante los caprichos de los jefes y jefecillos mafiosos o de sus subalternos. Una sociedad sometida a una extorsión constante, donde como en la edad media la vida y los derechos más básicos han dejado de pertenecerles.

Saltando en el tiempo y en el espacio, en España hemos estado conviviendo con parte de esas prácticas en Euskadi, donde bien avanzada la actual democracia había una buena parte de opiniones que no se decían en público por miedo, y donde parte de los tenderos y empresarios participaban del chantaje de una banda mafiosa que defendía sus intereses y su negocio. Como en las pelis de los años 30 en USA, pero en los 90 y en la realidad.

Y avanza el tiempo y nos adentramos en la segunda década del siglo XXI, en España, en mitad de una crisis económica salvaje que hace millones de personas necesiten el funcionamiento correcto del estado para poder sobrevivir: justicia y cumplimiento de las leyes según el espíritu de protección al desfavorecido con el que fueron escritas (recomendable una revisión a nuestro código civil para comprobarlo), educación para que los niños menos afortunados no estén condenados a una vida marginada, síntoma de un clasismo económico inaceptable. Una sanidad pública efectiva que garantice la vida y la salud de todos, que para eso la estamos manteniendo todos durante tantos años … y así todo el conjunto de comportamientos esperables y necesarios de el estado.

Sin embargo la realidad que ya no nos ha quedado más remedio que aceptar hasta a los más recalcitrantes defensores de nuestra Democracia y nuestro Estado de Derecho se encuentra muy alejada de ese ideal. Administraciones públicas arruinadas (La Generalitat Valenciana está en quiebra técnica según la última auditoría) tras decenios de gobiernos del mismo color. Las cajas de ahorros, último vestigio de banca pública y de todos, esquilmadas por políticos para financiar negocios ruinosos de enriquecimiento privado de ellos y sus empresarios cómplices. Los sistemas educativos y la sanitarios siendo víctimas del acoso indecente y repugnante de esos mismos políticos que debían defenderlas, pero que se convierten en usurpadores vendidos a intereses económicos más poderosos. Y la justicia, pervertida, consintiendo que centenares de miles de personas sean expulsadas de sus casas mediante leyes pre constitucionales; además de los indultos gubernamentales a banqueros delincuentes.

Y todo eso es casi pasado inmediato, puesto que estamos a las puertas de un nuevo asalto contra los ciudadanos indefensos, en los que una vez más (siempre ha sido así a lo largo de la historia) van a ser vulnerados, vendidos y sometidos. Como esclavos, como ganado o como objetos. La reciente reforma laboral (cuya constitucionalidad está en entredicho) parece no ser suficiente. Los sueldos de 8 euros la hora por jornadas de 10 horas diarias probablemente no serán excepcionales. Además de deterioros sin pausa como estamos viendo que sucede en la sanidad Catalana o en la educación Madrileña.

Es el sórdido aspecto que presenta el comportamiento mafioso de nuestra casta dirigente. Por supuesto que tenemos familias enfrentadas, que acaban saliendo a la luz con el caso Gurtel o la trama de las basuras en Alicante. Pero también tenemos fantásticas inauguraciones y fórmula 1, o construcciones oficiales como el Palma Arena. Tenemos políticos con patrimonios bajo investigación judicial, como Jaume Matas (PP), o que se enriquecen con su cargo, como Millet (CIU). Tenemos banqueros culpables de acoso penal, convictos pero indultados como Alberto Saez (B.Santander), o políticos de CIU indultados un la víspera de una votación en la que el apoyo de su partido era muy necesario para el gobierno. También observamos el trasvase de políticos a grandes empresas, que son propiedad de las principales familias adineradas del país (o de la región, según de quien se trate). Lo de los ex-presidentes del Gobierno Felipe González en Gas Natural o Aznar en Endesa son ejemplos muy trillados pero hay docenas como esos.

Los centenares de miles de millones de euros metidos en la banca mientras la población no puede pagar alimentación o vivienda elementales. Los salarios indecentes de aquellos que han arruinado Cajas de Ahorro, Ayuntamientos o Comunidades Autónomas, las pensiones incomprensibles e inaceptables de individuos cuyo único servicio valorable es permitir que otros de su casta vivan muy bien a costa de esquilmar a todos, son otros de los ejemplos que nos permiten mirar al conjunto de nuestros políticos con mando en plaza y nuestros empresarios y banqueros más influyentes como una asociación ilícita con objeto de delinquir.

Y para reforzar esa sensación opresiva de indefensible ante los abusos tenemos que la prensa, antes conocida como el cuarto poder, se convierte en una cara más del sistema de expolio a la población. Mediante subvenciones directas como en el caso de la prensa de León, o mediante oscuros mecanismos que hacen que una editorial de prensa con 330 millones de euros de pérdidas y un estado de quiebra técnica siga en activo.

A los intereses de grupo frente a los del común, a la delincuencia como norma, al desfalco del dinero público y a la indefensión de los ciudadanos más desprotegidos hay que sumarle la indispensable creación de una situación de miedo que impida cualquier mecanismo de defensa. Mediante uso de cargas policiales para combatir empleados que reclaman sus salarios, las amenazas contra la posibilidad de protestar o de organizar una defensa ciudadana de los intereses de todos, o la represión, violenta o no, de cualquier actividad ciudadana con la mínima excusa. Finalmente la extorsión desde el poder en forma de recortes y subidas de impuestos a los más desfavorecidos, mientras a los más pudientes se les mantiene en un privilegiado estado de ausencia de presión impositiva o legal.

Estamos pues en manos de mafiosos. Políticos mafiosos, empresarios mafiosos, banqueros mafiosos y periodistas mafiosos.

Tristemente este es el diagnóstico de la España de mediados de 2012. Estamos ante un panorama descorazonador de involución, de indefensión y de desposesión de derechos fundamentales para una vida digna: alimento, educación, vivienda, salud, trabajo, opinión.