Los "okupas" y los menores

El acceso a una vivienda digna es uno de los temas que más preocupa a nuestra sociedad. Relacionado con este asunto surge el problema de la ocupación ilegal de bienes inmuebles, algo que inquieta a gran parte de la población. Muchos ciudadanos se sienten desamparados e indefensos, especialmente los implicados en sucesos de ocupación, al percibir una falta de sensibilidad por parte de las autoridades y creer que hay impunidad ante la comisión de un delito que debería juzgarse como muy grave, con una legislación que no ofrece soluciones eficaces e inmediatas. 

La nueva realidad con los llamados “inquiokupas” está provocando que muchos propietarios, por miedo a impagos, no quieran alquilar sus inmuebles, prefiriendo dejar sus casas vacías, lo que conlleva una reducción de la oferta de alquiler y un agravamiento del problema. 

La ocupación de un inmueble es una desgracia para su dueño, y sus vecinos. Algunas viviendas son el proyecto económico de muchas familias y si sufren una ocupación o impago, su situación puede verse afectada y ponerles en un escenario de vulnerabilidad. 

Es frecuente oír que si hay menores en una ocupación “no se puede hacer nada”, como si con ello se les estuviera protegiendo. Procuramos salvaguardar a la infancia de ciertos temas (violencia, pantallas, pornografía…) pero, en ocasiones, descuidamos una educación integral con una base sólida en valores ético–sociales. En contra de dicha idea, cuando hay menores que viven en este ambiente, es el momento de actuar de inmediato, dado que se les está involucrando en una realidad al margen de la ley, maleducando y enseñándoles una forma de vida inadecuada (a veces en un entorno de delincuencia, con episodios de hurtos, robos, drogas…). Con ello se está dando un mal ejemplo y a la vez incurriendo en maltrato infantil ya que éste contempla el abuso, desatención, negligencia y explotación, algo que puede dañar su salud, desarrollo o dignidad, poniendo en peligro su futuro. 

Además, un menor que ha vivido y sufrido este ambiente, tiene gran probabilidad de repetir este tipo de conductas de adulto, lo que facilita que estos delitos se transmitan de una generación a otra. 

La presencia de niños para no hacer nada frente a una ocupación o impago, no es más que una idea mal entendida. Una actitud cómoda y cínica por parte de autoridades y dirigentes que limpian su conciencia queriendo sentir y hacer sentir a la ciudadanía que con ello se está obrando bien, dando protección a los menores (hacerles la vida fácil no siempre garantiza su felicidad). 

He tenido ocasión de trabajar con alumnado en situación de riesgo socioeducativo e implicado en la ocupación de viviendas y no dejo de sorprenderme con lo que contaban. Y también he asistido a reuniones de Mesas del Menor y aún me he sorprendido más con algunas de las manifestaciones de los asistentes. 

El maltrato infantil que surge en el contexto de una ocupación o morosidad en el pago, suele quedar oculto, por lo que la víctima (el menor) no recibe el apoyo necesario. Así, de alguna manera, se produce una situación de desamparo infantil que requiere la actuación inmediata por parte de las autoridades, con obligación de sacar de ese ambiente a los menores y pasar a los Servicios Sociales su custodia si sus progenitores o tutores no pueden encargarse de ellos por carecer de medios.

Justificar la presencia de menores para no abandonar una ocupación es utilizarlos y aprovecharse de ellos. Una conducta en la línea de adultos con niños ejerciendo la mendicidad por las calles; una práctica delictiva habitual en siglos pasados y que hoy es objeto de la rápida intervención policial. 

Ante una situación de riesgo, desamparo y educación inadecuada de un menor, todos los ciudadanos tenemos el deber de comunicarlo a la autoridad competente. Hay que forzar a los legisladores para que aprueben leyes que incluyan este tipo de vivencias infantiles como delito. 

Dado que el tema representa un grave peligro para el interés del bienestar superior de muchos menores, se debería poner fin de inmediato a esta irregularidad y prevenir mediante una buena educación que evite el maltrato y su impacto emocional, social o físico. Es preciso llevar a cabo un estudio exhaustivo y que se apliquen las medidas necesarias para evitar que situaciones similares, relacionadas con la ocupación de viviendas y los menores, se repita, defendiendo sus derechos y garantizando su protección.