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Un organismo vinculado a la ONU pide parar el desahucio de una familia en riesgo social de una vivienda de Almería | |||
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El ente, encargado de hacer cumplir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en vigor en España desde 2013, da curso al caso de esta familia y ha dado de plazo dos meses al Estado para "presentar sus observaciones" si bien recuerda que ese plazo no afecta las "medidas cautelares, cuya implementación es inmediata". Cabe recordar que hace unos días la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz urgía a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Almería a coordinarse para suspender el desalojo del inmueble que es gestionado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) hasta encontrar una una alternativa habitacional. La orden de lanzamiento de esta mujer con cinco hijos, dos de ellos menores de edad, y orden de alejamiento del progenitor, está prevista para el miércoles después que haya sido autorizada la entrada en el domicilio por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 2 de Almería a petición de la agencia pública. El DESC indica en su resolución, consultada por Europa Press, que ha solicitado a España que tome medidas "para evitar posibles daños irreparables mientras el caso es examinado por el comité" y señala que, entre esas medidas, se incluyen "la suspensión del desahucio de la vivienda en la cual habita, o, alternativamente, otorgarle una vivienda adecuada a sus necesidades en el marco de una consulta genuina y efectiva". Indica, asimismo, que ha solicitado información y observaciones relacionadas con la cuestión de fondo El Defensor del Pueblo andaluz ya señaló que las administraciones debían dar "inmediato y debido cumplimiento" a la normativa que da amparo a esta familia y "garantizar" que no se produce el desalojo hasta encontrar "alternativa habitacional", al tiempo que remarcó que en un informe de la Delegación de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento capitalino se valoró que esta familia encontraba en "situación de vulnerabilidad". Los servicios sociales municipales también constataron que el padre "no reside" en esta vivienda "tras haberle sido impuesta una orden de alejamiento de su cónyuge" y que la situación económica de los seis miembros de la familia es "precaria". Añadían que residían en la vivienda de AVRA desde hacía cinco años tras haber abonado 8.000 euros a la adjudicataria "en una supuesta compraventa de la vivienda mediante contrato privado". En la detallada resolución, que emplazaba a las administraciones implicadas a informar en el plazo de un mes sobre si han dado respuesta a su requerimiento, el Defensor del Pueblo Andaluz concluyó que en el caso de esta familia es de aplicación el real decreto de medidas urgentes de diciembre de 2020 que establece la posibilidad de suspender durante el estado de alarma un procedimiento de desahucio y lanzamiento de personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional. Reprochaba, asimismo, al Ayuntamiento que, aún teniendo constancia de ese "riesgo social", no se hubiese coordinado con AVRA de manera que el lanzamiento no se produjese hasta que se pudiera ofrecer esa alternativa habitacional o para dar la posibilidad de "excepcionar el régimen ordinario de adjudicación de vivienda protegida a través del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida". La resolución de la oficina que dirige Jesús Maeztu daba respuesta a la queja presentada por el abogado de los perjudicados, quien, tras recibir en mayo de 2019 la comunicación del inicio de expediente de desahucio administrativo por ocupación en precario, presentó alegaciones ante AVRA pidiendo la suspensión provisional y la regularización de la situación mediante la firma de un contrato de alquiler social "sin obtener ninguna respuesta". |
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