El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y la Fundación de Estudios Financieros (FEF), han presentado este lunes un documento de trabajo en el que se recoge que, tras 10 años de reformas en el sistema público de pensiones, "el ahorro-previsión es si cabe más necesario ahora que nunca".
Además, señala que las reformas han de contar con mecanismos de ajuste automático, mayor transparencia, mayor contributividad y han de tener en cuenta la evolución de la longevidad.
El documento, titulado 'Necesidad del ahorro previsión tras una década de reformas en el sistema público de pensiones', está elaborado por Inmaculada Domínguez, de la Universidad de Extremadura, Enrique Devesa, de la Universidad de Valencia, y de Mercedes Ayuso, de la Universidad de Barcelona.
El acto ha contado, además, con la participación de la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, del presidente de Inverco, Ángel Martínez Aldama.
La principal conclusión del estudio tras analizar diez años de reformas del sistema público de pensiones "es que el retraso en la adopción de medidas no hace sino aumentar la presión del riesgo demográfico sobre el sistema".
A estas reformas se unen los cambios que se producirán para dar cumplimiento a las Recomendaciones del Pacto de Toledo, que según el estudio, "conllevarán una más que probable disminución de la tasa de sustitución".
Como propuestas y recomendaciones, el documento recoge la posibilidad de introducir en las próximas reformas mecanismos de ajuste automático que incorporen los cambios en la longevidad y que mejoren la sostenibilidad del sistema. "Dichos mecanismos se han de revisar de forma periódica para evitar desviaciones, y su puesta en marcha no debe demorarse en el tiempo", indica el informe.
Además, plantea la posibilidad de que exista "mayor transparencia" sobre la cuantía de la pensión esperada para cada persona, y de una "mayor contributividad", es decir, una mayor relación entre pensiones y cotizaciones.
En el ámbito de la previsión social colectiva, el estudio propone que se recuperen los incentivos al empresario que realice aportaciones a los sistemas complementarios de previsión social, así como que se diseñe "de manera consensuada y con un periodo de implementación realista", fondos de pensiones de empleo de promoción pública.
"Las aportaciones a los sistemas complementarios deben realizarse tanto por parte del empresario como por parte del trabajador y encontrarse incentivadas fiscalmente, tanto las que se realicen a fondos de pensiones de empleo públicos como a fondos de empleo privados", recomienda el documento de trabajo.
INCREMENTAR EL LÍMITE DE APORTACIÓN DEDUCIBLE
Por último, en el ámbito de la previsión social individual, se propone incrementar el límite de aportación deducible de 2.000 euros, "especialmente en el caso de personas mayores de 50 años" y considera que el "necesario impulso a los sistemas de previsión social colectivos (segundo pilar) debe llevarse a cabo sin menoscabo de los sistemas individuales de previsión social complementaria (tercer pilar)".
"La reducción del límite máximo deducible de aportación a los sistemas individuales a 2.000 euros anuales puede perjudicar notablemente el futuro desarrollo del nuevo producto de pensiones creado en el ámbito de la Unión Europea, el Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (en inglés, PEPP), que será una realidad a partir del segundo semestre de 2022, y que difícilmente podrá tener éxito en España si carece de unos incentivos fiscales adecuados", agrega.
Por último, recomienda que la parte de la prestación que exceda de las contribuciones empresariales y aportaciones individuales --la rentabilidad obtenida--, debería integrarse en la base imponible del ahorro --y no como rendimiento del trabajo--, tributando al tipo de gravamen reducido previsto en la Ley del IRPF para las rentas del ahorro.
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